La CIA en Bolivia: Los manejos contra la democracia

La CIA en Bolivia: Los manejos contra la democracia

 

*Antonio Peredo Leigue

 Un extraordinario periodista argentino de los años ’60 y ’70 escribió, en aquella época, las acciones de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) en nuestro país. Gregorio Selser, quien también debió exiliarse a México por la persecución de los dictadores de turno, hizo un relato pormenorizado y meticulosamente documentado sobre esa actividad destinada, con absoluto descaro, a frenar los procesos democráticos, eliminar o corromper a los dirigentes sociales e imponer regímenes al servicio de los intereses de las transnacionales, como la sangrienta dictadura de Banzer.

 Un documental recientemente trasmitido en el conocido “History Channel” registró una entrevista con quien fuera embajador de Estados Unidos en Chile, durante la presidencia de Salvador Allende. Con total desparpajo, el diplomático recordó que, el paro de transportistas que agravó la crisis económica en ese país, le costó a su gobierno más de tres millones de dólares (equivalentes a unos 35 millones actuales).

 Valgan estos datos para sostener la seriedad de las denuncias hechas por el presidente Evo Morales relativas a la infiltración de agentes de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras actividades. Mencionó dos nombres: el boliviano Rodrigo Carrasco y el mexicano Francisco Martínez. Una cortina de humo para desviar la atención sobre la corrupción de un grupo a cuya cabeza figura Santos Ramírez. Si así fuese, no habría ninguna explicación para que la presidencia de YPFB haya iniciado una segunda querella contra el acusado.

 Los agentes de la CIA

La actuación de la CIA en América Latina era ampliamente conocida pero, como es evidente, no había suficiente documentación y, la existente, era controvertida. El secuestro y posterior ajusticiamiento en Uruguay del agente de alto nivel Dan Mitrione, en los años ’70, desnudó la crueldad de las operaciones de esa agencia y las más de veinte que operan en todo el mundo, a nombre de la seguridad de Estados Unidos de Norteamérica.

 Un caso escandaloso en Bolivia, fue el del Ministro del Interior de René Barrientos, Antonio Arguedas, quien después del asesinato del Comandante Che Guevara frustró el negociado y probable tergiversación del diario del Che en Bolivia.

 Arguedas era agente de la CIA, como él mismo declaró en forma pública. Por eso mismo, sufrió un atentado en 1970, del que logró salvar y, refugiándose en la embajada de México, recibió asilo en Cuba, a cuyo gobierno había entregado el Diario y del Che y, posteriormente, las manos del Comandante Heroico.

 Retornado a Bolivia, murió por la explosión de una bomba, en febrero del año 2000. Aunque oficialmente se concluyó que fue un accidente producto de una mala manipulación del artefacto, pocos dudan que la CIA cumplió finalmente su objetivo de eliminarlo.

 Otro hecho escandaloso es el caso Huanchaca. Fue en mayo de 1986 que el científico Noel Kempff Mercado y dos de sus acompañantes fueron asesinados en un campamento en que aterrizaron, creyendo encontrar ayuda. Se trataba de una gigantesca instalación para la fabricación de cocaína. Sólo 7 años después se arrestó a un par de delincuentes brasileños que confesaron ser los asesinos. No se sabe qué ocurrió con ellos.

 Lo que si se conoció fue que aquella fábrica, oculta en el parque que hoy lleva el nombre del científico Kempff, era supervisada por la DEA en combinación con la CIA. Bajo la dirección del coronel Oliver North, producían cocaína para venderla en Estados Unidos. Con los fondos obtenidos, compraban armamento para los “contras” que actuaban contra el gobierno sandinista de Nicaragua. El escándalo fue público en el juicio que se le siguió a North, aunque éste fue declarado inocente y hasta aclamado como héroe por los conservadores norteamericanos (republicanos y demócratas, indistintamente).

 Si fuese necesario algún dato más, habrá que recordar que, durante la administración de Jaime Paz Zamora, la designación de un desprestigiado militar a la cabeza de la FELCN, fue cuestionada por la CIA y el presidente no sólo debió cambiarlo, sino que luego afrontó el castigo de aceptar que, su principal colaborador, purgase una larga pena carcelaria por vinculaciones con el narcotráfico que conocían y hasta propiciaban la CIA y la DEA.

 Si Luis Arce Gómez fue juzgado y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de drogas, no lo fue por el delito sino porque no lo acordó con la DEA.

 La coca ya no es importante

Si la cocaína marcó las relaciones de Washington con el Palacio Quemado durante todo el período neoliberal, fue porque las materias primas estaban controlados firmemente y no había razón para presionar en ese terreno. El grillete había que ponerlo en la producción de coca.

 La vergüenza de la forma en que, el Congreso Nacional, aprobó la Ley 1008, todavía se siente en los pasillos de ese vetusto edificio. Como muy pocas veces ocurre, el Ministro del Interior, Juan Carlos Durán, supervisó y a veces hasta condujo el debate de cada artículo de esa ley. El objetivo era mostrar reducciones considerables en el cultivo de la coca, dejando en un segundo plano el tráfico de la droga. Así se logró instalar fuerzas norteamericanas especiales en el Chapare y, en forma subrepticia, en los Yungas.

 Se trataba de mostrar, al mundo, que se erradicaba la coca y a los cocaleros, sin importar que el consumo de drogas, en los países industrializados, no disminuya. Por supuesto, es más barato arrancar arbustos con lujo de prepotencia y abuso, que combatir a las grandes corporaciones de narcotraficantes en Estados Unidos.

 Así se manejó, desde las oficinas de la CIA, la supervisión de los gobiernos que se sucedieron en Bolivia entre 1985 y 2005. Basta recordar que, los candidatos presidenciales, debían cumplir dos condiciones para ser aceptados: rendir examen ante la Confederación de Empresarios Privados y, previamente, demostrar que tenían visa de ingreso a Estados Unidos.

 Quieren llevarse otra vez el gas

El pueblo boliviano luchó por recuperar la propiedad de sus recursos naturales. Luchó contra las transnacionales y contra sus servidores nativos, algunos de los cuales fungen ahora como prefectos o presidentes de comités cívicos.

 La campaña contra esa decisión del pueblo, comenzó con el debate de la ley en el Congreso Nacional. Carlos Mesa, reculando de su promesa, propuso un proyecto que mantenía los privilegios de las transnacionales; cuando no logró, se negó a firmar la ley y, después, no cumplió el mandato de ponerla en vigencia. Tampoco lo hizo su sucesor, aunque es evidente que otra era su misión.

 Luego que el presidente Evo Morales impuso la vigencia de la ley, las transnacionales se resistieron a firmar los nuevos contratos, hasta la hora final. La firmeza del nuevo gobierno les mostró que no tenían alternativa.

 Era de esperar que cambiaran sus métodos. La guerra sucia de la CIA tiene muchos mecanismos a su disposición. Lo hicieron en Cuba, en Nicaragua, en Chile, en Venezuela y, ahora, en Bolivia. Si algo se debe aprender es la forma en que la CIA manejó PDVSA para derrocar al gobierno de Hugo Chávez.

 Rodrigo Carrasco llegó a ser Gerente Nacional de Comercialización en YPFB. que haya alcanzado tan alto puesto, es responsabilidad de sus superiores. Más aún, si ya se conocía su actividad al servicio de la CIA. Como agente de esa mal afamada institución, trabajó en República Dominicana, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina, antes que en Bolivia. Pero parece ser que era útil para las tareas que había emprendido el presidente de la empresa petrolera. 

En cuanto a mexicano Francisco Martínez, la embajada de Estados Unidos se ha encargado de reconocer que es funcionario de la misma. Sin embargo, una extraña versión apareció en CNN: una persona portando credencial y una carta falsificadas con ese nombre, intentó ingresar en las oficinas de la CIA y, al ser descubierto, aceptó haber falsificado ambos documentos con el objeto de conseguir trabajo de chofer. Cualquier día de estos, el señor Martínez desaparece y sus acciones en Bolivia, quedarán sin aclaración. Es lo que ha sucedido en cada una de las operaciones que realiza esa agencia en la que, el ciudadano norteamericano, gasta miles de millones de dólares. El argumento es simple: la defensa de la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica.

 La responsabilidad no se delega

Que se haya descubierto esta red, no le quita responsabilidad a nadie. Al contrario, demuestra que la red de corrupción era más peligrosa que el robo de dinero. Llegaba a la desestabilización del gobierno. El expediente es visible: destruir YPFB, lograr que el pueblo desconfíe del presidente Evo Morales y preparar las condiciones para derrocarlo. La culpa de los autores de esta fechoría es triple.

 * Antonio Peredo Leigue es senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.

Los arregladores de entuertos

Bolivia: Visiones y previsiones

 Los «arregladores» de entuertos

 Antonio Peredo Leigue*

 

Un senador opositor, dueño de tierras y reses, luego de ratificada la Constitución Política del Estado, se asombra del veredicto popular que sanciona, como latifundio, la propiedad de tierras por sobre las 5 mil hectáreas. Pide una revisión a cargo de gente entendida. Comprensible en alguien que considera, a las leyes como normas que deben favorecerlo.

 

El caso es que se suma a un catedrático que llegó a ser dignatario, reclamando una revisión de la constitución por entendidos, como él. Ya no se trata, a su entender, de uno o dos artículos, de un tema u otro. Quiere hacer una revisión completa. En otros términos: quiere invalidar el trabajo de la Asamblea Constituyente; desprecia los avances que se hicieron en reuniones con prefectos y otras autoridades; no le interesan los ajustes que, por último, permitieron la convocatoria a los referendos. Que el pueblo se haya pronunciado, no tiene importancia. Él es la autoridad que pondrá en regla la Ley Mayor. Nosotros, debemos acatar su inapelable sentencia.

 

Pero dos son poca muestra. Se suman analistas, politólogos y, ¡cuándo no!, comiteístas que no se han enterado de que el país cambió. Ninguno de ellos contribuyó, con algún aporte a este avance; fueron opositores desde antes que se redactara un solo artículo de la nueva Constitución. Es decir, no querían, no quieren y no querrán por ningún motivo, que cambien las reglas del juego. Así siempre sucedió con los grupos de poder, y sus acólitos, que quedan fuera de la historia.

 

La tierra improductiva

Es cierto que no es lo mismo una extensión determinada en Santa Cruz o La Paz, en El Chaco que en Pando. Hay condiciones diferentes, por supuesto. Pero el acaparamiento de grandes extensiones rurales, ha sido una constante para los dueños del poder. Y, esa constante, es factor principal del despoblamiento de nuestro extenso territorio nacional.

 

Un poco de historia, no nos caerá mal. Las encomiendas coloniales fueron eso: encomiendas, no concesiones ni donaciones, ventas o transferencias. Los encomenderos eran responsables de que la tierra produjese, para lo cual debían cuidar que los indígenas originarios mantuviesen un nivel de trabajo al menos suficiente. El producto de la encomienda era vendido por el privilegiado. Esa era la norma, aunque aquel patrón colonial se considerase dueño de la tierra. En esa condición, los criollos que se beneficiaron con la creación de la República, se proclamaron dueños de la tierra y de los colonos; es decir, dueños de haciendas y vidas.

 

Pero, como la larga guerra de independencia agotó la explotación de minerales, los grupos de poder se interesaron por las tierras que aún permanecían en poder de las comunidades campesinas. Con Donato Muñoz, como artífice, durante el sexenio de Mariano Melgarejo, decretaron la farsa de la ex vinculación. Los dueños originarios de la tierra debían demostrar sus derechos en un tiempo límite. El engaño fue que el decreto fue conocido por los criollos y se informó a los indígenas cuando había vencido el plazo. Así enriquecidos, los dueños del poder convirtieron a todos los originarios en peones de sus haciendas, pagados con la concesión de una parcela para su sustento, a cambio de trabajar gratuitamente la tierra del gamonal e incluso prestar servicio en la casa del patrón.

 

Todo esto se prolongó hasta el año 1952, pese a que, una década antes, formalmente se abolió el pongueaje. Los señores de la tierra, aliados a los barones del estaño, mantuvieron el atraso como condición de país empobrecido. ¡Aún así se atrevían a proclamar la República!

 

La tierra parcelada

Quizás haya sido una visión apropiada en ese tiempo. Quienes vivimos tal época, asumimos que, ése, era un paso trascendental. Las haciendas y latifundios fueron distribuidos entre los campesinos, que asumieron esa denominación genérica y formaron sindicatos, en el mismo esquema que la organización obrera.

 

Pero no había propiedad comunitaria. No se consideró la unidad de los pueblos originarios. Más bien, se intentó formar cooperativas. Es cierto que, ya a principios de los años ’40, se organizó un movimiento en esa dirección. Pero la cooperativa no pudo consolidarse. La razón es visible ahora; no lo era entonces.

 

De ese modo, la tierra resultó parcelada y, a la vuelta de una generación, comenzó a expulsar a los campesinos. Arracimados en los cinturones de miseria de las ciudades, de su condición de pobres pasaron a miserables. Estaban dadas las condiciones para emigrar hacia otros países, por miserables que fuesen las ofertas; aquí, no tenían ni siquiera esa posibilidad.

 

Cincuenta años después, la situación es desastrosa. Millones de hombres y mujeres han salido de Bolivia como expulsados. Es evidente que emigraron profesionales y gente de clase media baja. Pero, fundamentalmente, son los campesinos quienes componen esa población que podemos calificar, apropiadamente, como exiliados económicos.

 

En tanto, las propiedades rurales en los valles y las tierras bajas, han restablecido el latifundio. Es decir, la propiedad de la tierra no tiene una función productiva, sino meramente comercial. Se compra al Estado a precios ridículos para, luego de algún tiempo, venderla con grandes ganancias.

 

Esa es la norma. Por lo menos lo será hasta el momento en que entre en vigencia la Constitución aprobada el 25 de enero pasado.

 

Los reclamos del terrateniente

Para lograr un consenso que permitiera el referendo simultáneo, se hicieron concesiones. Esto es cierto y debemos asumirlo; no sólo reconocerlo. Pero asumir, es una obligación de todos. Haber aceptado que los latifundios existentes al momento de promulgarse la nueva Carta Magna no serán tocados, a menos que se compruebe que no están produciendo, es un acuerdo entre todos los partidos con representación parlamentaria. En el MAS, con grandes reticencias, las organizaciones sociales aceptaron tal concesión. Pero debe ser vigilantes, pues los terratenientes creen que pueden seguir pidiendo más y más tierras.

 

Alguien dice, uno más entre tantos, que cinco mil hectáreas es insuficiente para trabajar un hato vacuno que rinda alguna ganancia. Así parece, si los dueños de los frigoríficos, pagan una miseria por las reses y se llevan la parte del león. Doscientos dólares por un novillo que rinde más de 300 kilos de carne. Agreguemos la venta del cuero y de los huesos. O los ganaderos se dejan explotar o, como socios de los frigoríficos, explotaron al Estado a expensas de sus aparentes pérdidas.

 

Desde 1950, cuando se hizo el primer censo agropecuario en Bolivia, hasta 2001, cuando ocurrió el segundo, en el Beni se contabilizó la misma cantidad de ganado: 3 millones de cabezas. Si consideramos que los terratenientes ganaderos no hacen otra cosa que dejar que las reses pasten por su cuenta, contratando un número mínimo de obreros para vigilar que se mantengan, llegamos a la conclusión de que, estos señores, buscan que el Estado les pague su desidia.

 

En esas mismas condiciones –dejar por su cuenta al ganado- 5 mil hectáreas, equivalen a un hato de mil cabezas. Lo demás son cuentos de quienes están esperando inundaciones para cobrarle al Estado las pérdidas que sí cuentan con precisión.

 

La tierra productiva

Un millón de kilómetros cuadrados, es una extensión ilimitada, si tomamos en cuenta la escasa población humana. Debemos hacer un inventario mediante el cuál, conozcamos qué cantidad de tierras son apropiadas para el pastoreo, cuáles sirven para la agricultura y qué cantidad de bosques debemos preservar. No podemos olvidar, tampoco, el cuidado de nuestros caudales fluviales que no aprendimos todavía a manejar. Esta es nuestra riqueza. Ese el futuro de Bolivia. Que unos cuantos hacendados pretendan mantener su estilo de vida no puede desviarnos del camino. Es el camino de la construcción de una sociedad nueva en la que ellos tienen que cumplir un papel muy importante por cierto: producir.

 

*Antonio Peredo Leigue es senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.