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Texto completo acuerdo militar EEUU Colombia 3 nov 2009
Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América
Índice
Preámbulo
Artículo I Definiciones
Artículo II Consultas bilaterales sobre defensa y seguridad
Artículo III Objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y
seguridad
Artículo IV Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones
convenidas
Artículo V Procedimientos de autorización de ingreso y sobrevuelo de
aeronaves
Artículo VI Pago de tarifas y otros cargos
Artículo VII Respeto por las leyes nacionales
Artículo VIII Estatus del personal
Artículo IX Documentación para entrar, salir y viajar
Artículo X Importación, exportación, adquisición y utilización de bienes y
Fondos
Artículo XI Construcción
Artículo XII Contratación y contratistas
Artículo XIII Servicios públicos
Artículo XIV Facilitación administrativa
Artículo XV Uniformes y armas
Artículo XVI Seguridad
Artículo XVII Licencias de conducción, matrículas, seguros de vehículos y
licencias profesionales
Artículo XVIII Trato fiscal
Artículo XIX Reclamaciones
Artículo XX Servicios postales y comunicaciones
Artículo XXI Medio ambiente, salud y seguridad
Artículo XXII Facilitación de los observadores aéreos
Artículo XXIII Implementación, evaluación y enmienda
Artículo XXIV Solución de controversias
Artículo XXV Entrada en vigor y duración
Preámbulo
El Gobierno de la República de Colombia («Colombia») y el Gobierno de los Estados Unidos de América («los Estados Unidos»), en adelante «las Partes» o » la Parte «, según convenga:
En el marco del Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 17 de abril de 1952 («el Acuerdo de 1952″); de laConvención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suscrita en Viena el 18 de abril de 1961(» la Convención de Viena»); del Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 23 de julio de 1962 («el Convenio de 1962»); del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia, suscrito en Bogotá el 7 de octubre de 1974 («el Acuerdo de Misiones Militares de 1974»); de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988; de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Nueva York el 15 de noviembre de 2000; de las convenciones sobre la lucha contra actividades terroristas, suscritas en el marco de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, de las cuales ambos países son signatarios; de la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; de la Carta Democrática Interamericana de 2001; y de laPolítica de Defensa y Seguridad Democrática de la República de Colombia;
Teniendo en cuenta la Declaración de Cartagena, sobre la producción, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas, suscrita en Cartagena el 15 de febrero de 1990, y la Declaración de San Antoniosobre la cooperación regional en la lucha contra el problema mundial de las drogas y los delitos relacionados, suscrita en San Antonio el 27 de febrero de 1992;
Observando el Anexo al Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 30 de agosto de 2004, que establece un programa bilateral de control de narcóticos, incluido un programa integral contra el narcotráfico, las actividades terroristas y otras amenazas contra la seguridad nacional de Colombia;
De conformidad con el Memorando de Entendimiento para una Relación Estratégica de Seguridad para Promover la Cooperación entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 14 de marzo de 2007;
Teniendo en cuenta el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Suprimir el Tráfico Ilícito por Mar (conocido como «el Acuerdo de Interdicción Marítima»), suscrito en Bogotá el 20 de febrero de 1997 y el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América Relativo al Programa de Supresión del Tráfico Ilícito Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas («Acuerdo Air Bridge Denial»), suscrito en Bogotá el 20 de diciembre de 2007;
Reconociendo el historial de cooperación bilateral, así como la importancia de promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo, el problema mundial de las drogas, la delincuencia organizada transnacional y la proliferación de armas pequeñas y ligeras;
Reconociendo la necesidad de fortalecer la relación estratégica de seguridad entre las Partes, estrechar la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad, así como para enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia;
Afirmando que esa cooperación se funda en el pleno respeto por la soberanía de cada Parte y por los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas;
Observando la labor que lleva a cabo continuamente durante los últimos años el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa Colombia – Estados Unidos y su Comité de Dirección, el cual sirve de marco general para orientar la cooperación entre las Partes;
Con el deseo de suscribir un acuerdo que fortalezca la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre las Partes; y
Reconociendo la importancia del fortalecimiento de la interoperabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia a través del incremento de su capacidad de cooperar bilateral o multilateralmente con otras fuerzas militares;
Han convenido en lo siguiente:
Artículo I
Definiciones
A efectos del presente Acuerdo:
a) Por «personal civil» se entiende los empleados civiles o personas formalmente asignadas alDepartamento de Defensa de los Estados Unidos que se encuentren en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, así como los empleados civiles de otros departamentos u organismos del Gobierno de los Estados Unidos que estén en Colombia apoyando directamente una misión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
b) Por «personal militar» se entiende los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que estén en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
c) Por «personal de los Estados Unidos» se entiende el personal militar y el personal civil de los Estados Unidos que estén en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
d) Por «contratistas de los Estados Unidos» se entiende las personas naturales o jurídicas que hayan concertado contratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para proporcionar bienes y prestar servicios para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
e) Por «empleados de contratista de los Estados Unidos» se entiende las personas naturales que sean empleados por un contratista de los Estados Unidos que estén en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
f) Por «observadores aéreos» se entiende los representantes de Colombia o de terceros Estados que, previa autorización de Colombia y por invitación de los Estados Unidos, participen en misiones aéreas que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
g) Por «instalaciones y ubicaciones convenidas» se entiende los sitios, emplazamientos e infraestructura cuyo acceso y uso sea autorizado por Colombia a los Estados Unidos para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
h) Por «partes operativas» se entiende el Ministerio de Defensa de Colombia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
i) Por «personas a cargo» se entiende los cónyuges del personal de los Estados Unidos, o hijos de dicho personal que dependen de ellos para su manutención, así como aquellas personas que por razones de tipo legal, financiero o de salud dependen del personal de los Estados Unidos, son mantenidos por ellos, residen con dicho personal, y que se encuentran en territorio de Colombia bajo órdenes de viaje del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que autorizan su presencia en Colombia, para las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
j) Por «bienes» se entiende, entre otros bienes muebles, los productos, equipos, materiales y suministros que guarden relación con el presente Acuerdo.
k) Por «aeronave de Estado de los Estados Unidos», se entiende una aeronave así designada por los Estados Unidos ante las autoridades colombianas, que lleve a cabo actividades mutuamente acordadas en el marco del presente Acuerdo.
l) Por «buque de Estado de los Estados Unidos», se entiende un buque así designado por los Estados Unidos ante las autoridades colombianas, que lleve a cabo actividades mutuamente acordadas en el marco del presente Acuerdo.
Artículo II
Consultas bilaterales sobre defensa y seguridad
Las Partes convienen en continuar las consultas bilaterales sobre defensa y seguridad en el Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) de Defensa Colombia – Estados Unidos para promover la relación estratégica entre las Partes.
Artículo III
Objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad
1. En el espíritu del Preámbulo de este Acuerdo y de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales pertinentes de los cuales Colombia y los Estados Unidos sean parte, en particular aquellos atinentes a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y con sujeción al ordenamiento jurídico de cada una de las Partes, éstas acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia.
2. Las actividades mutuamente acordadas, mencionadas anteriormente, requerirán ser autorizadas por y coordinadas con las autoridades colombianas pertinentes, quienes podrán tomar las medidas de seguimiento que correspondan. La información derivada de tales actividades será compartida por las Partes de acuerdo con los acuerdos existentes y los futuros acuerdos. Estas actividades mutuamente acordadas no excederán lo establecido en los acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales firmados por las Partes y respetarán las normas colombianas. Para tal fin, las Partes podrán suscribir uno o más acuerdos de implementació n que establezcan un mecanismo ágil y eficiente para la autorización, coordinación y seguimiento según la naturaleza de las actividades.
3. Las Partes se comprometen a fortalecer y apoyar iniciativas de cooperación regionales y globales para el cumplimiento de los fines del presente Acuerdo.
4. Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo de manera que concuerde con los principios de la igualdad soberana, de la integridad territorial de los Estados y de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
5. Las Partes, a través de sus Partes Operativas, tienen la intención de suscribir un acuerdo de implementación en el que se establezcan las líneas y características de la cooperación que los Estados Unidos podrán otorgar a Colombia, para mejorar sus capacidades para el desarrollo de actividades en el marco del presente Acuerdo.
Artículo IV
Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas
1. El Gobierno de Colombia, de conformidad con su legislación interna, cooperará con los Estados Unidos, para llevar a cabo actividades mutuamente acordadas en el marco del presente Acuerdo y continuará permitiendo el acceso y uso a las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; la Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga; y permitiendo el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las Partes o sus Partes Operativas. Para tal fin, las Partes Operativas establecerán un mecanismo de coordinación para autorizar el número y categoría de las personas (personal de los Estados Unidos, contratistas de los Estados Unidos, empleados de los contratistas de los Estados Unidos y observadores aéreos) y el tipo y la cantidad de equipos que no excederá la capacidad de las instalaciones y ubicaciones convenidas.
2. Las autoridades de Colombia, sin cobro de alquiler ni costos parecidos, permitirán a los Estados Unidos el acceso y uso de las instalaciones y ubicaciones convenidas y a las servidumbres y derechos de paso sobre bienes de propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo las actividades dentro del marco del presente Acuerdo, incluida la construcción convenida. Los Estados Unidos sufragarán todos los gastos de funcionamiento y de conservación necesarios que se relacionen con la utilización de las instalaciones y ubicaciones convenidas.
3. El personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos tendrán acceso y la capacidad de moverse libremente dentro y entre las instalaciones y ubicaciones mutuamente convenidas que se requieran para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5 de este artículo.
4. Los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos serán para su uso, salvo acuerdo en contrario entre las Partes o sus Partes Operativas, hasta la entrega de los mismos a Colombia, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 7 de este artículo.
5. Para poner en práctica las disposiciones de los numerales 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, las Partes, a través de sus Partes Operativas, tienen la intención de suscribir uno o más acuerdos de implementación en los cuales se establecerán los protocolos de seguridad y los términos y condiciones para el acceso a dichas instalaciones y ubicaciones, así como a los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos para su uso.
6. Colombia conservará el derecho de propiedad y título con respecto a las instalaciones y ubicaciones convenidas, incluyendo los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes conectados a la tierra.
7. Una vez haya concluido el uso de cualquier instalación o ubicación convenida, o de parte de la misma, incluidas las instalaciones construidas, mejoradas, modificadas o reparadas conforme al presente Acuerdo, los Estados Unidos entregarán dichas instalaciones a Colombia, en el estado de uso en que éstas se encuentren. Los Estados Unidos no contraerán ningún gasto por concepto de esa entrega. Los Estados Unidos no estarán obligados a desinstalar cualquier instalación, edificio o mejora de los mismos que se haya construido con sus propios fondos, a menos que se haya acordado esa condición en el momento de la construcción. Las Partes o sus Partes Operativas se consultarán acerca de las condiciones para la devolución de cualquier instalación o ubicación convenida, incluyendo, donde hubiere lugar, consultas sobre la posible compensación por las mejoras u obras de construcción.
Artículo V
Procedimientos de autorización de ingreso y sobrevuelo de aeronaves
1. Las aeronaves de Estado de los Estados Unidos serán autorizadas para entrar al territorio colombiano, de conformidad con la normatividad colombiana.
2. Las Partes suscribirán un acuerdo de implementació n en el que se establecerán los procedimientos para la entrada, sobrevuelo y aterrizaje; se designarán los aeropuertos internacionales para el ingreso y salida del país; y se establecerá un mecanismo para determinar el número estimado de vuelos que harán uso de los aeropuertos internacionales, de conformidad con la normatividad colombiana.
3. Cada Parte designará un punto de contacto para coordinar las solicitudes de entrada, sobrevuelo y aterrizaje para las aeronaves de Estado de los Estados Unidos que operen en el marco del presente Acuerdo.
4. Cuando se requiera, las aeronaves de estado de los Estados Unidos que lleven a cabo actividades mutuamente acordadas en el espacio aéreo colombiano tendrán un observador aéreo de Colombia a bordo, de conformidad con los procedimientos mutuamente acordados por las Partes Operativas. Las funciones de dichos observadores y las calidades necesarias de los mismos, se establecerán en el acuerdo de implementación previsto en el artículo III del presente Acuerdo.
Artículo VI
Pago de tarifas y otros cargos
1. Las aeronaves de Estado de los Estados Unidos, cuando se encuentren en el territorio de Colombia, no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa. Los Estados Unidos pagarán las tarifas estándar establecidas por las empresas comerciales por los servicios requeridos y recibidos. Colombia hará todos los esfuerzos necesarios para que los Estados Unidos paguen tarifas no superiores a aquellas que pagan las Fuerzas Militares de Colombia por los servicios solicitados y recibidos de empresas comerciales.
2. Los buques de Estado de los Estados Unidos recibirán el mismo tratamiento y privilegios que los buques de guerra, y en consecuencia no estarán sujetos al pago de tasas de señalización marítima y fondeo. Los Estados Unidos pagarán las tarifas establecidas en los puertos concesionados por los servicios solicitados y recibidos de las empresas comerciales.
3. Los Estados Unidos certificarán ante las autoridades colombianas que los buques y aeronaves de Estado de los Estados Unidos que se encuentren en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo cumplen con los estándares internacionales aplicables, incluidos los estándares pertinentes de medio ambiente, salud, sanidad y seguridad.
4. De conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la práctica, las aeronaves y buques de Estado de los Estados Unidos no se someterán a abordaje e inspección.
5. Sujeto a disponibilidad de fondos, en el marco de la cooperación bilateral y de conformidad con el artículo IV del Acuerdo de 1952, Colombia sufragará los pagos de peajes de las vías no concesionadas y del componente estatal de las concesionadas, por el uso de la infraestructura que realicen los Estados Unidos para el logro de actividades en el marco del presente Acuerdo. Las Partes tienen la intención de suscribir un acuerdo de implementación para asegurar la circulación expedita de los vehículos por los puntos de peajes en las vías.
Artículo VII
Respeto por las leyes nacionales
El personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo respetarán las leyes de Colombia y se abstendrán de realizar cualquier actividad que sea incompatible con ellas y con el presente Acuerdo. Los Estados Unidos informarán al personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo acerca de las leyes, usos y costumbres colombianas pertinentes.
Artículo VIII
Estatus del personal
1. De conformidad con los artículos 5 y 11 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974, Colombia otorgará al personal de los Estados Unidos y a las personas a cargo los privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, bajo la Convención de Viena.
2. En relación con la presencia de personal militar de Colombia en los Estados Unidos, para llevar a cabo actividades relacionadas con la cooperación bilateral, dentro del marco del presente Acuerdo, las Partes reafirman lo previsto en el Artículo V del Acuerdo de 1952. Los Estados Unidos brindarán a dicho personal militar de Colombia, las cortesías usualmente disponibles para el personal militar de los Estados Unidos de rango similar, hasta el máximo permitido por la ley de los Estados Unidos.
3. De conformidad con el numeral 1 del presente artículo, Colombia garantizará que sus autoridades verificarán, en el menor tiempo posible, el estatus de inmunidad del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, que sean sospechosos de una actividad criminal en Colombia y los entregarán a las autoridades diplomáticas o militares apropiadas de los Estados Unidos en el menor tiempo posible. Por su parte, los Estados Unidos tomarán todos los pasos necesarios para asegurar que el personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, de que trata el presente numeral por supuestos crímenes cometidos en territorio colombiano, sean investigados con la cooperación de las autoridades colombianas y, si se amerita, sean procesados con todo el rigor de la ley. Adicionalmente, los Estados Unidos informarán periódicamente a las autoridades colombianas y atenderán, en el marco de sus capacidades, los requerimientos de información que éstas formulen sobre el desarrollo de las investigaciones y procesamientos que se adelanten en contra del personal de los Estados Unidos o sus personas a cargo que hayan cometido supuestos delitos en territorio colombiano, así como la decisión final de las investigaciones o procesamientos.
4. Colombia reconoce la importancia del control disciplinario que ejercen las autoridades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sobre el personal militar de los Estados Unidos. En concordancia con el artículo 12 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974, los Estados Unidos podrán ejercer autoridad disciplinaria sobre el personal militar de los Estados Unidos en Colombia.
5. Las autoridades pertinentes de los Estados Unidos considerarán con el debido interés cualquier solicitud de renuncia a la inmunidad en las causas que las autoridades de Colombia consideren de especial importancia.
6. Las Partes se brindarán mutua asistencia con fundamento en los acuerdos vigentes, para realizar investigaciones de los supuestos crímenes cometidos por el personal de los Estados Unidos o sus personas a cargo que se encuentren en Colombia para los propósitos de este Acuerdo. Las Partes buscarán establecer y fortalecer procedimientos para dicha asistencia mutua, incluso, si fuere apropiado, con la conclusión de acuerdos adicionales.
7. Teniendo en cuenta que al personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, Colombia les otorga una visa preferencial de servicio, estarán exonerados de obtener permisos laborales y de residencia por concepto de las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
Artículo IX
Documentación para entrar, salir y viajar
1. Las autoridades de Colombia permitirán al personal de los Estados Unidos, el ingreso y permanencia hasta por 90 días, a menos que se acuerde mutuamente de otra manera, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Con tal propósito este personal registrará sus entradas y salidas del territorio colombiano, con la debida documentación de identidad (militar o civil) expedida por los Estados Unidos, sin la necesidad de presentar pasaporte o visa. El personal civil y las personas a cargo que no sean titulares de pasaporte de los Estados Unidos podrán ingresar con visa de cortesía.
2. Las autoridades de Colombia permitirán a los contratistas de los Estados Unidos y a los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, el ingreso y permanencia hasta por 90 días, a menos que se acuerde mutuamente de otra manera, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Para este efecto, cuando entren y salgan del territorio colombiano, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos presentarán el respectivo pasaporte en el momento del registro migratorio.
3. Las autoridades de Colombia facilitarán los procedimientos de migración para la entrada y salida sin demora de Colombia del personal de los Estados Unidos, las personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos, los empleados de los contratistas de los Estados Unidos y los observadores aéreos que entren o salgan de Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
4. Para poner en práctica las disposiciones de este artículo, las Partes tienen la intención de suscribir un acuerdo de implementación, en el cual se definirán: las características de los documentos de identificación; los trámites migratorios expeditos para el personal de nacionalidad estadounidense; los criterios para el ingreso de nacionales de terceros países; los puertos de ingreso y salida; los términos para obtener el visado correspondiente; los parámetros necesarios para hacer efectivo el registro y control migratorio; y las condiciones para prolongar el término de permanencia estipulado para los ciudadanos estadounidenses. En ningún caso se excederán los límites establecidos por la normatividad migratoria colombiana en cuanto a permanencia sin visa en el territorio nacional.
5. El personal de los Estados Unidos, sus personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos, los empleados de los contratistas de los Estados Unidos y los observadores aéreos que ingresen y salgan de Colombia, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, estarán exentos de pagos por entrada y salida del país u otros impuestos de salida, a menos que utilicen aeropuertos comerciales.
Artículo X
Importación, exportación, adquisición y utilización de bienes y fondos
1. De conformidad con el Artículo IV, numeral 2, del Acuerdo de 1952 y el literal (a) del Artículo IV del Acuerdo de 1962, Colombia exonerará a los Estados Unidos y a los contratistas de los Estados Unidos, salvo los ciudadanos colombianos y los extranjeros con residencia permanente en Colombia, de todas las tarifas, aranceles, impuestos y demás tributos que de otra forma se gravarían en Colombia, por la importación, adquisición y utilización de bienes en Colombia y sobre los fondos que se utilicen en Colombia para las actividades que se efectúen de conformidad con el presente Acuerdo. El título de propiedad de dichos bienes seguirá perteneciendo a los Estados Unidos, sus contratistas o las personas que se encuentren en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, según el caso, y dichos bienes podrán sacarse de Colombia en cualquier momento.
2. Los Estados Unidos presentarán las declaraciones de aduanas de los bienes importados o exportados para las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo, los cuales obtendrán el levante automático, en virtud del cual no serán objeto de inspección. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que las autoridades competentes de Colombia puedan ejercer, previa coordinación entre las Partes, a través de canales diplomáticos.
3. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo VIII del presente Acuerdo, el equipaje, los efectos personales, productos u otros bienes que sean para uso personal, del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, y que se importen o utilicen en Colombia o se exporten de Colombia, están exentos de derechos de importación y exportación, aranceles, impuestos, matriculación y autorización de vehículos y demás tributos, que de otra forma se causarían en Colombia. Esos bienes muebles podrán cederse a otro personal de los Estados Unidos, o sus personas a cargo, exentos de derechos, aranceles, impuestos y tributos similares. En el caso de que dichos bienes se cedan en Colombia a personas o entidades a las que no corresponda la exoneración de derechos, aranceles, impuestos y otros gravámenes, los mismos los pagarán las personas que reciban dichos bienes, conforme a las leyes y los reglamentos locales.
4. En concordancia con el literal (b) del Artículo IV del Acuerdo de 1962, Colombia exonerará al personal de los Estados Unidos que esté presente en Colombia, para las actividades que se desarrollen en el marco del presente Acuerdo, de impuestos en la compra, propiedad, uso y disposición de bienes para su propio uso.
Artículo XI
Construcción
1. Las construcciones nuevas y modificaciones mayores en las instalaciones y ubicaciones convenidas requerirán el consentimiento de la Parte Operativa colombiana. Las autoridades de Colombia permitirán que los Estados Unidos, con la debida consideración de las operaciones existentes y planificadas, emprendan reparaciones, mejoras, modificaciones y remociones menores para satisfacer las necesidades que se relacionen con las actividades desarrolladas en el marco del presente Acuerdo.
2. En el caso de que las especificaciones internas no concuerden con las de los Estados Unidos, las Partes Operativas se consultarán para resolver el asunto de forma práctica.
3. Con base en lo dispuesto en el numeral 1 del presente Artículo y en los planes y estudios técnicos proporcionados por los Estados Unidos, la Parte Operativa de Colombia será responsable de facilitar la expedición de los permisos y/o licencias requeridos por las autoridades competentes de Colombia. Los impuestos u otros tributos asociados a las construcciones serán asumidos por Colombia.
Artículo XII
Contratación y contratistas
1. Respetando la ley colombiana y de conformidad con las leyes y reglamentos de los Estados Unidos, los Estados Unidos podrán adjudicar contratos para la adquisición de artículos o servicios en Colombia, incluidas las obras de construcción. Los Estados Unidos podrán adjudicar contratos a cualquier oferente y llevar a cabo obras de construcción y otros servicios con su propio personal. De conformidad con la política de los Estados Unidos de que el procedimiento de solicitud de contrato sea abierto y plenamente competitivo, los Estados Unidos recibirán con agrado las ofertas que presenten los contratistas colombianos o los contratistas residentes en Colombia. Los contratistas de los Estados Unidos podrán emplear a nacionales de los Estados Unidos o de otros países.
2. Las controversias contractuales se resolverán de conformidad con las cláusulas correspondientes de los contratos respectivos. Los Estados Unidos instarán a los contratistas de los Estados Unidos a que obtengan y mantengan los seguros necesarios u otras garantías necesarias que permitan atender el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se generen con ocasión de la ejecución de los contratos y conforme a la normatividad colombiana.
3. Los Estados Unidos instarán a los contratistas de los Estados Unidos a que obtengan y mantengan los seguros necesarios u otras garantías necesarias que permitan atender las reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual.
4. En cualquier contrato adjudicado en relación con las actividades dentro del marco del presente Acuerdo, los Estados Unidos incluirán disposiciones que informen al contratista que su conducta en el pasado, así como las observaciones que sobre ésta tenga Colombia, será considerada antes de adjudicar futuros contratos relacionados con actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
Artículo XIII
Servicios públicos
Los Estados Unidos y los contratistas de los Estados Unidos podrán usar agua, electricidad y otros servicios públicos para la construcción, mejora y utilización de las instalaciones y ubicaciones convenidas para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Cada una de las Fuerzas Militares colombianas seguirá siendo titular de sus respectivas cuentas de los servicios públicos, por lo que asumirán los derechos u otros gravámenes que puedan cobrarse de manera adicional en las facturas. Los Estados Unidos y los contratistas de los Estados Unidos pagarán exclusivamente los valores correspondientes a los servicios públicos efectivamente solicitados y consumidos. Los Estados Unidos y los contratistas de los Estados Unidos pagarán las mismas tarifas legalmente establecidas para los militares colombianos por los servicios públicos solicitados y recibidos. Las autoridades de Colombia, previa solicitud, ayudarán a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos a obtener suministros de agua, electricidad y otros servicios públicos.
Artículo XIV
Facilitación administrativa
Los Estados Unidos, el personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos que estén llevando a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, recibirán de las autoridades colombianas toda la colaboración necesaria con respecto a la tramitación sin demora de todos los procedimientos administrativos.
Artículo XV
Uniformes y armas
1. El personal de los Estados Unidos estará autorizado a usar uniforme de conformidad con el Artículo 8 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974.
2. El personal de los Estados Unidos podrá portar armas para actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo, de conformidad con los procedimientos acordados por las Partes Operativas en un acuerdo de implementación y con el debido respeto de la normatividad colombiana.
Artículo XVI
Seguridad
Las autoridades de los Estados Unidos y Colombia se consultarán y adoptarán las medidas necesarias para velar por la seguridad del personal de los Estados Unidos, sus personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos y los bienes de los Estados Unidos. Las autoridades de Colombia tienen la responsabilidad por la seguridad física de las instalaciones y ubicaciones convenidas. Las Partes Operativas desarrollarán protocolos y establecerán responsabilidades para la seguridad, acceso y uso de las instalaciones, y equipos para los cuales los Estados Unidos requieren medidas de seguridad especiales.
Artículo XVII
Licencias de conducción, matrículas, seguros de vehículos y licencias profesionales
1. De conformidad con la normatividad colombiana, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, las autoridades colombianas aceptarán la validez, sin exámenes ni cobros, de las licencias o permisos de conducción de vehículos, buques o aeronaves expedidos por las autoridades competentes de los Estados Unidos al personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, que se encuentren temporalmente presentes en Colombia. Los vehículos tácticos de propiedad de los Estados Unidos y operados por éstos, que se encuentren temporalmente presentes en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, estarán exentos de inspecciones técnicas, de licencias y matriculación por las autoridades de Colombia pero llevarán las debidas identificaciones.
2. El personal de los Estados Unidos, las personas a cargo y los contratistas de los Estados Unidos obtendrán seguros acordes con las leyes de Colombia para los vehículos de su propiedad, incluido seguro de responsabilidad civil extracontractual.
3. En conexión con las actividades efectuadas en relación con el presente Acuerdo, las autoridades de Colombia aceptan como válidas las credenciales y licencias profesionales expedidas por las autoridades competentes de los Estados Unidos al personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos.
Artículo XVIII
Trato fiscal
1. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo VIII del presente Acuerdo, para efectos fiscales, los períodos en los que el personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo se encuentren en Colombia por razón de las actividades efectuadas conforme al presente Acuerdo, no se considerarán períodos de residencia ni de domicilio.
2. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo VIII del presente Acuerdo y del Artículo IV literal b) del Convenio de 1962, los ingresos que perciba el personal de los Estados Unidos por los servicios prestados para el desarrollo de las actividades relacionadas con el presente Acuerdo no estarán sometidos a los gravámenes de Colombia. Los ingresos provenientes de fuera de Colombia del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo que gocen de la condición de no residentes en Colombia no estarán sometidos a gravámenes de Colombia.
3. En virtud de lo establecido en el Artículo IV del Convenio de 1962, los fondos usados por los Estados Unidos, incluidos los fondos recibidos por los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, en conexión con las actividades desarrolladas en el marco del presente Acuerdo, están exentos de cualquier gravamen de Colombia.
4. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo, VIII del presente Acuerdo, Colombia exonerará al personal de los Estados Unidos y a sus personas a cargo, de los gravámenes por concepto de la propiedad, posesión, uso o cesión a otro personal de los Estados Unidos y personas a cargo, o la transferencia por defunción, de bienes que se encuentren en Colombia sólo por la presencia de esas personas en Colombia con relación al presente Acuerdo.
5. Nada de lo establecido en este Artículo se aplicará a los colombianos o los residentes en Colombia.
Artículo XIX
Reclamaciones
1. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del presente Acuerdo es la profundización de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, entre otros, cada Parte se compromete a asumir los costos por daños, pérdida o destrucción de su respectiva propiedad o por la muerte o lesión del personal militar de sus respectivas fuerzas u otro personal de sus Gobiernos que ocurran en el cumplimiento de tareas oficiales relacionadas con actividades que se desarrollen en el marco del presente Acuerdo, de conformidad con su normatividad respectiva. Lo anterior sin perjuicio de las reclamaciones que puedan presentar los terceros, como se establece en el numeral 2 del presente Artículo. Cualquier controversia que surja con relación a este Artículo será resuelta de conformidad con el Artículo XXIV de este Acuerdo.
2. Los Estados Unidos pagarán conforme a sus leyes y reglamentos aplicables indemnizaciones para conciliar las reclamaciones justificadas de terceros. Esas reclamaciones se presentarán a las autoridades que estén a cargo de actividades de los Estados Unidos en Colombia llevadas a cabo en el marco del presente Acuerdo. Las autoridades de los Estados Unidos tramitarán dichas reclamaciones sin demora, de conformidad con las leyes y los reglamentos de los Estados Unidos.
Artículo XX
Servicios postales y comunicaciones
1. Las autoridades de Colombia reconocen que los Estados Unidos pueden recolectar, transportar y distribuir documentos y correspondencia, para el personal de los Estados Unidos, sus personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, fuera de la red postal colombiana, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, siempre que ello no constituya prestación de servicios postales en Colombia. Estos documentos y correspondencia podrán llevar estampillas de los Estados Unidos siempre y cuando no ingresen al sistema postal colombiano. Los documentos y la correspondencia oficial tendrán el tratamiento equivalente de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena en cuanto a inviolabilidad, inspección y detención.
2. Los Estados Unidos podrán establecer estaciones receptoras por satélite para la difusión de radio y televisión, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno para los Estados Unidos. Dichas difusiones podrán transmitirse a las instalaciones y ubicaciones convenidas por mutuo acuerdo entre las Partes, en consulta con las autoridades competentes.
3. La Parte Operativa de Colombia, de conformidad con la legislación colombiana, permitirá a los Estados Unidos el uso de la infraestructura de red de telecomunicaciones requerida, como se define «telecomunicaciones » en la Constitución y la Convención de 1992 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para el logro de las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo y sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, para los Estados Unidos. Las frecuencias de radio y el espectro de telecomunicaciones que se utilizarán serán objeto de consultas entre las Partes teniendo en cuenta las capacidades disponibles.
Artículo XXI
Medio ambiente, salud y seguridad
Las Partes convienen en aplicar el presente Acuerdo de forma compatible con la protección del medio ambiente y la salud y seguridad de las personas.
Artículo XXII
Facilitación de los observadores aéreos
Previa autorización de las autoridades colombianas, las autoridades de los Estados Unidos facilitarán la estadía de los observadores aéreos de terceros países en las instalaciones y ubicaciones convenidas, e, inter alia, informarán a los observadores aéreos de terceros países acerca de las leyes y costumbres nacionales, con el fin de asegurar su comportamiento disciplinado mientras se encuentren en Colombia.
Artículo XXIII
Implementación, evaluación y enmienda
1. Las Partes o sus Partes Operativas podrán suscribir los acuerdos de implementación que sean requeridos para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo.
2. Las Partes o sus Partes Operativas, después de consultarse, facilitarán en todo lo posible las actividades que prevé el presente Acuerdo, lo que incluye la cooperación con otras naciones de la región.
3. Con el ánimo de colaborar estrechamente, las Partes Operativas se consultarán de forma periódica con el propósito de asegurar la adecuada aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo y el cumplimiento satisfactorio de las mismas. Anualmente las Partes Operativas se reunirán para evaluar el desarrollo del Acuerdo en términos de las responsabilidades y beneficios compartidos y podrán presentar un informe a sus respectivos gobiernos que incluya, entre otros aspectos, las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y las recomendaciones que se estimen pertinentes.
4. Cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas con el fin de enmendar el presente Acuerdo. Toda enmienda al presente Acuerdo, acordada por las Partes, se hará por escrito.
Artículo XXIV
Solución de controversias
Toda controversia que surja en cuanto a la interpretación del presente Acuerdo será resuelta por medio de consulta entre las Partes, incluso si fuera necesario a través de la vía diplomática. Aquellas controversias relativas a la aplicación del presente Acuerdo serán resueltas mediante consultas entre las Partes Operativas. En caso de no lograrse acuerdo, la controversia se resolverá por consulta entre las Partes. Las controversias no se remitirán a ninguna corte o tribunal nacional o internacional u organismo similar ni a terceros para su resolución, salvo acuerdo mutuo entre las Partes.
Artículo XXV
Entrada en vigor y duración
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma.
2. Este Acuerdo permanecerá vigente durante un período inicial de diez (10) años y en adelante, sujeto a revisión y acuerdo por escrito de las Partes, será prorrogable por periodos adicionales de diez (10) años. Además, cualquiera de las Partes tiene el derecho de terminar este Acuerdo al final de los periodos de diez (10) años respectivos mediante notificación escrita de su propósito de terminar el Acuerdo enviada a la otra Parte por la vía diplomática, con un (1) año de antelación.
(Fin)
Al revés, Cayetano, al revés
Soledad Antelo, periodista
En franca campaña por la oposición, el periódico El Día enseña impúdicamente una portada cargada de veneno, cuyo titular y primer párrafo destacan lo siguiente:
El MAS se junta con los que llamaba abusivos y racistas
“Isaac senador” fueron los gritos que se escucharon ayer en la plaza 24 de Septiembre, que provenían desde la sala de prensa, donde sorpresivamente un grupo de ex unionistas, dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) y barrabravas de Oriente y Blooming proclamaron al dirigente campesino del MAS, Isaac Ávalos, como candidato a senador por Santa Cruz, a pesar que estos mismos se mostraron siempre contrarios a las políticas del Gobierno.
Por supuesto, presentados los hechos en esa forma de noticia, producen un natural rechazo. Personalmente, en el Semanario Plumazo, de efímera pero fértil vida, he denunciado en muchas notas el racismo y la bestialidad de grupos violentos que azuzaron y actuaron dominados por el más vil de los prejuicios. No dejarán de ser señalados como racistas por el hecho de ser ahora circunstancial noticia política, pasándose al bando opuesto, al de sus víctimas.
El hecho de que varios de esos personajes aparezcan ahora dando vivas a un dirigente campesino representativo precisamente de migrantes del interior del país que fueron objeto de una violencia injustificable, tiene un sentido no sólo irónico, sino, también, profundamente simbólico.
No se trata, como pretende la noticia, de que el MAS busque a estos sujetos para devolverles protagonismo político ni liderazgo alguno dentro del proceso de cambio. Es exactamente al revés; son personas sin formación política, asociadas muchas veces en grupos con fines ilícitos que, de pronto, se sienten defraudados en sus expectativas por aquellos grupos de poder que, mediante prebendas y dinero, los reclutaron para sembrar la violencia en el país. Grupos que ahora deciden adherirse al MAS y no al revés.
Una generosa lectura podría interpretar que el arrepentimiento de los violentos y racistas, cual Constantino que adoptó como divinidad protectora al Solis Invictus o Sol Invicto para después convertirse al cristianismo, es una muestra de que el proceso de cambio, con sus valores y su mensaje, empieza a calar hondo y le resta adeptos a una derecha cavernícola.
No por ello hay que hacerse la ilusión de una reconversión desinteresada; sin duda, muchos de los dirigentes de las barras bravas y ex unionistas que forman parte de este grupo de nuevos simpatizantes del MAS, lo hacen por cálculo político, especulando con resarcirse de las prebendas no cumplidas por sus antiguos mandantes. Saldrán trasquilados. Por ello, buena parte de sus componentes terminará abandonando las filas con las que dicen ahora sentirse identificados, porque sus valores y ética son resultado de una negación de lo noble y desinteresada que debiera ser la política, en tanto praxis al servicio de lo colectivo.
No soy de aquellas que se rasgan las vestiduras por este evidente transfugio, con consideraciones moralistas y mojigatas; prefiero darle a sus actores el beneficio de la duda, de un arrepentimiento de los delincuenciales actos que promovieron los aplausos de una prensa que hoy los pone en la picota del escarnio. Más censurable es aquel otro, protagonizado por el amanuense de Branco Marinkovic, autor de los titulares que dan pie a esta nota. Sí, nos referimos a Cayetano Llobet, de quien el periodista Carlos Soria Galvarro escribiera no ha mucho, lo siguiente:
Sin embargo, hay otro tipo de tránsfugas mucho más peligrosos, son aquellos de cuello blanco. Los que elaboran sesudas argumentaciones teóricas para justificar su felonía. En sus años mozos, estudiante de la famosa universidad de Lovaina en Bélgica, [Cayetano Llobet] adhirió a las posiciones chinas que planteaban la confrontación mundial ciudad-campo, el fin de la coexistencia pacífica y la guerra popular prolongada, para promover las revoluciones por la liberación nacional y el socialismo. Recibió incluso entrenamiento militar para esos menesteres.
Ay, Cayetano, eres la confirmación lamentable de que, en la vida, las cosas baratas sólo se compran con dinero.
Tinku Verbal – Andrés Gómez Vela
DEBATES
En el mundo occidental la palabra tiene un alto contenido de poder, su estudio data del siglo V antes de Cristo; se crea toda una disciplina para dotarla de un verdadero sistema de construcción lógica: la retórica, que es el arte del bien decir sin importar el fundamento de la verdad, sino la persuasión así sea sobre la falacia. En los pueblos precolombinos, la palabra fue sinónimo de comunicación, convivencia y humanidad por eso la política no giraba sobre la palabra sino sobre otro tipo de ritos.
En cambio, en nuestras sociedades abiertas el principal vehículo de la política es precisamente la palabra, porque aquella busca el poder y ésta es el camino para alcanzarla. Y tiene un escenario natural: el debate, que se traduce en la confrontación de palabras portadoras aparentemente de ideas destinadas a resolver los problemas públicos desde visiones privadas.
El primer debate de la humanidad se produjo en Grecia -según el periodista Homero- quien cuenta y canta en la Iliada, que la situación fue provocada por el gran guerrero Aquiles, que se enfadó con Agamenón y abandonó el combate, que había comenzado hace 10 años con el sitio a la bien amurallada ciudad de Troya. Los jefes de las tropas aqueas se reunieron para discutir lo que debían hacer en la nueva situación que se les presentó: ¿abandonar el asedio y volver a casa? ¿Atacar a tumba abierta, aún sin contar con la ayuda del enojado Aquiles? En el debate intentó participar el guerrero Tersites, un simple hombre del pueblo que ya estaba harto de los abusos y caprichos del Rey Agamenón. Era partidario de volver a Grecia. Pero Ulises intervino y le hizo callar sin contemplaciones, a Tersites y a todos los restantes hombres del pueblo que intentaban meter baza en el debate de los reyes. Es que los debates se producen entre iguales y no con subalternos o inferiores en términos de jerarquía. ¿Es igual Evo a Manfred y Samuel en caudal electoral?
El debate es el método privilegiado del Ágora romano, del congreso Europeo. La palabra cargada de fuego enciende chispas e ilumina la razón, gesta ideas y va acercándonos a la verdad. Pero en tiempos electorales el debate tiene otras connotaciones y es parte de un juego de manual.
A excepción de Estados Unidos, donde el debate es parte del ritual aceptado por los partidos, en el resto de los países los desafíos a este tipo de contiendas verbales se producen al calor de la campaña. El primer debate en televisión se produjo entre Kennedy y Nixon en 1960. Kennedy encaró el debate con seriedad porque contrató a un asesor (Leonard Reinsch) en televisión, que le enseñó a actuar ante las cámaras. Soltura, juventud, buen maquillaje derrotaron a Nixon, que en el primer debate sufría un dolor en la rodilla, parecía fatigado y hasta mal afeitado y sin ninguna idea de juego de cámaras. Perdió las elecciones con apenas algo más de 100.000 votos.
Es parte de los usos y costumbres de la democracia observar a los candidatos de última o segunda línea desafiar al primero de las encuestas. En 1997 en Gran Bretaña, el candidato Jhonn Major desafió a Tony Blair con los siguientes términos: “Las gallinas salen corriendo ante las cámaras”. Pese a esas palabras, Blair no aceptó el debate. En 2006, Lula rechazó el debate a Alckmin alegando “que la institucionalidad de la Presidencia de la República es mayor que cualquier disputa electoral”. Menem lo hizo mejor en 1995: “no debato porque soy el Presidente”. ¿Qué dirá Evo?
También en 2006, en Venezuela, el opositor Rosales (cuánto se parece a “nuestros” Manfred y Samuel) lanzó su envite a Chávez con palabras muy parecidas a las que escuchamos estos días: “Lo estoy esperando (A Chávez) para el debate. Que no se arrugue, que el pueblo lo está esperando para que discutamos frente al país los problemas de la patria”. Obviamente, Chávez, que iba primero en las encuestas, se “arrugó”, no asistió a la cita y ganó.
Los desafíos a debate tienen el propósito pueril de equipararse al candidato mejor apoltronado en las encuestas. En términos futbolísticos, es como fabricar un desafío entre el Bolívar (con el perdón de los bolivaristas) y el Real Madrid. ¿Quién ganaría en este partido así pierda en cancha? Obviamente el desconocido Bolívar que inflaría su imagen.
No siempre son decisorios los debates. En las elecciones del 2004 de Estados Unidos, el candidato demócrata Kerry ganó en los tres debates a Bush, pero perdió la elección. De esta realidad está muy bien enterado el Movimiento al Socialismo que rechazó el debate que pretenden Manfred y Samuel.
Dadas las circunstancias, el Agamenón Evo no debatirá con los Tersites Manfred y Samuel porque no tiene nada que ganar, tampoco qué perder, porque los otros están demasiado lejos para alcanzarlo, al menos en las encuestas. Sus gritos de desafío se perderán en el desierto ideológico. Es probable que Evo patrocine un debate entre Manfred y Samuel para definir el segundo lugar y entre Rime Choquehuanca y Joaquino para hacer un concurso de ideas.
Las elecciones ya no se ganan con debates sino con historias de vida y pasado impecables. Esta elección no será de debates ni de propuestas, sino de construcción de capitales simbólicos que sostengan la credibilidad del proceso. ¿Es el fin de los debates? Tal vez no, pues, terminarán debatiendo, en última instancia, los coleros, los candidatos a senadores y diputados; y los electores en los bares, las calles, las plazas, los campos deportivos. En buena hora que no haya debates de candidatos porque son súper aburridos y además, ¿quién los escucha o ve? Lo peor ¿quien los fiscaliza y sanciona por haber incumplido su palabra después? Serán días de verbos airados, gestos fieros y tinkus verbales frustrados que terminarán restando poder significativo a la palabra debate.
Entre el debate y la debacle
Soledad Antelo, periodista
Insistentemente, con los medios de prensa de por medio y con la redundancia anotada, la oposición presiona para un debate entre el presidente Evo Morales y alguno de sus contrincantes. En tal campaña se han alineado demócratas de verdad y de mentiras, los que ninguneaban antes desde sus mayorías caprichosas del 20% hasta izquierdistas decepcionados por el proceso de cambio que vive el país.
Generosas “columnas de opinión” de toda laya aportan con lo suyo. Veamos: don Ovidio Roca, burócrata de los gobiernos neoliberales, intenta con torpeza provocar alguna reacción escribiendo en el periódico de Branco Marinkovic de la fecha:
“Evo no necesita debatir, no se va a meter a discutir sobre el crecimiento del PIB, las relaciones internacionales, los derechos constitucionales, el control del narcotráfico, los desconoce, pues él sabe que lo que importa finalmente es el poder…”.
El muy ignorante presidente, sin embargo, en todos los temas mencionados por el articulista de turno, ha demostrado mayor sapiencia que todos sus antecesores juntos: en menos de tres años, nacionalización de hidrocarburos mediante, ha hecho crecer el PIB de manera espectacular; ha colocado al país a la vanguardia de diferentes tópicos en las relaciones internacionales, obteniendo un reconocimiento mundial que ningún otro presidente boliviano ha alcanzado; ha impulsado una nueva Constitución Política del Estado que, por primera vez en la historia larga de Bolivia, ha sido puesta ad referéndum del pueblo; ha logrado metas impensadas en materia de interdicción y no ha avanzado más porque la mayoría opositora en el Senado ha bloqueado la Ley de Investigación de Fortunas, que sí pondría en evidencia quiénes son los peces gordos de cuello blanco del ilícito negocio…
Igual de torpe se muestra don Samuel Doria, que recurre a lo único que hasta ahora muestra como instrumento eficaz de campaña: su bolsillo lleno. Paga avisos por doquier, clamando debate y se hace decir, por uno de sus adversarios, lo que el sentido común dicta: ¿Qué hizo, don Samuel, cuando fue ministro? ¿Debatió? ¿Industrializó? Fue la época de la venta de las empresas estatales a precio de gallina muerta; hoy, nos hacemos a las mosquitas muertas…
Más atrevido se muestra el eterno opinador Mario Rueda Peña. En su columna perpetua en El Deber. Ufano, escribe un titular imperativo:
Que los debates sean obligatorios
Inmediatamente, pasa a lamentarse de que en nuestra Ley Electoral no exista ninguna norma que obligue (sic!) a los candidatos a Presidente y Vicepresidente a enfrentarse en un debate televisivo.
“Gracias a semejante falla, el actual aspirante a la reelección presidencial vuelve a saltar del cuadrilátero electoral a la platea, alejándose totalmente del ring, a fin de no intercambiar golpes ideológicos y programáticos con tipos que considera totalmente descalificados”.
Amén de la graciosa redacción, don Mario Rueda Peña quiere negar que el Presidente Evo Morales cotidianamente intercambia esos apetecidos golpes ideológicos y programáticos, dado que la prensa de la que forma parte el opinador no descansa un solo día en descalificar al proceso de cambio, obligando a necesarias respuestas que han enriquecido un debate del que el pueblo boliviano sí saca provecho, neutralizando la manipulación mediática.
La imagen de un país gobernado “dictatorialmente”, sin debates ni ideas, contrasta con la triste situación de los inventores de esta leyenda negra. La prensa reporta cómo se caen sus alianzas a pedazos, no precisamente por disensos ideológicos que serían saludables, sino por ambiciones mezquinas.
Un botón sobra de muestra. Una alcaldesa, conocida por su procaz racismo y su rutilante papel a la hora de humillar a campesinos en plaza pública, no esconde su despecho y se rebela porque “la otra”, la Malinche chuquisaqueña, ha colocado más adeptos suyos en las listas.
A confesión de partes, relevo de pruebas.
O, mejor aún, a falta de ideas, mejor no debatan.
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Lamentable Lapsus que le ocurrió, hace unos tres años, a una bella y conocida presentadora de noticias de la red más opositora al actual gobierno. Fue un día como éstos al iniciar las noticias. Mantenía una gran sonrisa y muy suelta de boca, anunció: “La Feria, abrió sus piernas”.
Según el diccionario, Lapsus significa, error inconsciente al hablar o actuar. Marcó un antes y un después en la carrera profesional de la relatora de noticias. ¿Pero, fue un Lapsus o una broma del que le dictaba el parlamento desde el sono? Sólo ella lo sabe, recuerda y lamenta estos días.
La Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz), es la oportunidad que los empresarios cruceños y el resto de Bolivia, esperan todos los años para mostrar su producción y ofertas al exterior. Al mismo tiempo, quienes concurren allí, tienen la ocasión de apreciar lo que se elabora en otros lares y se oferta a los consumidores bolivianos.
Hace un año, por estas fechas, la feria suspiraba de alivio al comprobar que no sería afectada por los graves acontecimientos provocados desde el 8 de septiembre cuando comenzaron las tomas de instituciones estatales en un intento fallido por derrocar al gobierno de Evo Morales.
Baleaduras, asaltos y quema de edificios se lamentaron en el mundo. La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) lideró los salvajes acontecimientos y entre ellos, el mimado hijo de la presentadora de televisión. Tremendo y belicoso apaleador de kollas. Ante la cercanía de la Feria, la sagrada violencia de los jovencitos unionistas, cesó por orden del no menos violento Comité Cívico.
El odio racista no cesó y se prohibió la presencia del Presidente de la República, a quien tenían amenazado de convertir en churrasco como si se tratara de carne de llama. Este año, para no ser menos, también se lanzaron al desafío de no permitirle poner sus ojotas en el recinto ferial, reluciente de magníficas bellezas femeninas dispuestas a fundir en agua la boca de los varones.
Los “duros” comiteístas, se impusieron y obligaron a los organizadores de la feria anular del programa el acto de apertura, desnudando así la persistencia de la corriente separatista, discriminadora, racista y violenta. El presidente cívico amenazó renunciar, si se dejaba al presidente indígena llegar hasta “su” feria.
Se veían ridículas las actitudes discriminadoras y hitlerianas del líder cívico al exigir no se invite al presidente indígena. El criador de pollos, chanchos y ordeñador de cuatro vacas locas, rechazaba al pastor de llamas y trompetista de bellas morenadas y kullaguadas.
Nadie se desportilló
El presidente, decidió no ir a donde no le aprecian y todo pasó sin más controversia. El cívico mantuvo su silla, su dictadura y su cada vez más notoria soledad y el primer mandatario la dignidad que le corresponde. Pero quedó clara la persistencia del racismo, la discriminación y el separatismo. El cívico se mantiene en el trono, pero no manda, sino el que está detrás y ése es el que le antecedió.
Otros cruceños, rechazaron la vandálica actitud cívica. La cruceña Helena Argirakis interpretó la rearticulación de un bloque duro cívico-regional. El abogado Alejandro Colanzi, desnudó la existencia de peleas entre logias y para Betty Tejada, el Comité Cívico, ya es la casa de campaña de los opositores al gobierno.
El presidente indígena, no fue al acto de apertura de la más grande feria empresarial de Bolivia, pero sus organizadores, para nuevo enojo del dictador cívico, le reiteraron la invitación para asistir a la muestra internacional. Así que, su renuncia, parece estar muy cerca si es digno de responder a la esclavitud de sus propias amenazas.
¿Cuál es el país de Manfred? Para responder esta pregunta combino su visión con su interpretación, es decir trato de descifrar el cristal con el que mira Bolivia. No a partir de un intento de describir el diagrama mental del hombre, sino lo que representa, es decir trato de responder a la pregunta: ¿A que clase social representa Manfred? Y a partir de esta descripción me pongo el objetivo de descifrar su visión, en tanto futuro a construir y su interpretación teórica de la realidad actual.
Manfred ve un país sin racismo, de hecho considera que el racismo lo invento Evo. Considera que está bien la inclusión, es decir piensa que todos debemos ser iguales, pero privilegia la igualdad jurídica, en la económica razona a la usanza neoliberal, es decir que cree que cada uno obtiene el producto de su trabajo, por tanto, si hay personas más ricas se debe a que trabajaron más. De esta manera, plantea que el Estado debe intervenir en la economía, pero garantizando seguridad a la inversión. De hecho, piensa reconstruir el «Estado de Derecho» de tal manera que sea el individuo, de nuevo, el centro de la sociedad, no le agrada el corporativismo, pues considera que las masas tienen tendencias dictatoriales, prefiere elecciones antes que cabildos. De hecho, piensa como la clase media, a quienes les agrada la igualdad siempre y cuando no les afecte. Es algo así cómo dar grandes discursos acerca de la inclusión, pero pensar que la empleada es ladrona y que cobra mucho pues pagarle más de Bs1.000 es un sacrilegio, mientras consideran que todas las cholas son flojas. Es decir, para Manfred, como a la clase que representa importan las jerarquías: El indio, debe estar en su lugar, sostienen, sin decirlo por supuesto.
Su país es el de la armonia, dónde todos trabajan para un futuro mejor, las tensiones le son ajenas, busca superar la reivindicación de lo indígena y transformarla en una alianza entre clases, por eso niega la confrontación, en última instancia busca reeditar el proyecto neoliberal, pues más allá de la satanización que se hizo del «modelo» en los últimos tiempos, la mayoría de las respuestas fueron dadas en dicho sentido.
De ahí que la elección de diciembre se bata en una dicotomía, volver al pasado o seguir avanzando. No pretendo convencer con esta nota a mis escaso lectores a que voten por Evo, simplemente hago la invitación a que se deje la mascarada y se admita de una vez que todo estaba bien antes de Evo, que debió preservarse el Estado de Derecho, que la anterior Constitución era mejor, que en última instancia el Goni lo estaba haciendo bien y que debimos haberlo dejado terminar su gobierno.
Pero, tampoco me hago ilusiones la estrategia manfrediana consistirá en diferenciarse, es decir haciendo lo contrario de lo que lo llevo al punto en el que se encuentra, tratará de marcar distancias con Goni y en última instancia dirá que él representa el «verdadero cambio».
CÓMO GANAR A EVO
Andrés Gómez V
En el MAS, dicen que es invencible. En la oposición, no hay ánimos ni líderes. Unos viven más en la apariencia y otros menos en la realidad. Ambos son poco amigos de la razón y muy afines a la emoción. Ambos viven en un escenario apologético y olvidan que ahora la política es una ciencia y como tal debe ser estudiada y aplicada.
La apariencia dice que Morales es invencible, la realidad depara otra cosa. La realidad dice que Evo es el mensaje y el medio a la vez, por tanto no tiene mensaje, él es el mensaje por su condición indígena y por haber creado su propia lengua: el evoñol. La oposición teme a la apariencia porque su realidad es triste y desolada; se aterroriza ante el evoñol, porque parte de la realidad y lo conduce a un mundo de apariencias, hasta encadenarlo otra vez en la caverna de platón; teme el evoñol sin saber que la nueva lengua no requiere adversarios porque su peor enemigo es su propio creador, quien cada vez que malversa una palabra se asfixia en su propio mundo de apariencias.
Evo es un accidente de la historia (una circunstancia en términos marxistas), es la consecuencia de personas como el pensador Fausto Reynaga, a quien quizás ni conoce muy bien o no se lo han presentado; Constantino Lima, uno de los primeros candidatos indígenas; Genaro Flores, gran luchador demócrata; Marcial Fabricano, quien marchó con dignidad por tierra y territorio en la década del 90, pero nunca pudo superar su colonización mental, y cayó otra vez en la finca partidaria de un capitán; Carlos Palenque, que despertó la confianza de una parte del electorado en el cholo, pero pronto los decepcionó; Víctor Hugo Cárdenas, primer vicepresidente indígena que desentumeció la autoestíma de los pueblos indígenas y echó por tierra las visiones arguedianas, pero tocó el poder no como medio de liberación, sino como fin personal, lo que le aseguró una larga pega de pongo pseudo-intelectual; Felipe Quispe, que desbrozó intelectual y militarmente la posibilidad de los indígenas de acceder al poder, que si no hubiera sido su excesivo pragmatismo político (como el “duchazo” que se pegó con un ministro mirista), él hubiera estado sentado en Palacio con todas las glorias y méritos que cosechó. Evo es el mensaje y el medio a la vez, no tiene mensaje, no trajo nuevas ideas, ni revolucionó la filosofía política indígena, por esa razón cuando se topó con el segundo lugar en las elecciones generales de 2002 no sabía qué hacer con el poder que estaba a metros de su alcance. Esta es la realidad, la apariencia fabrica el mito.
Evo se benefició del voto venganza y del voto confianza. Recuerdo aquella tarde de mayo de 2002 en una de las aulas de la Universidad Mayor de San Andrés, cuando, en contra-ruta, sostenía, como expositor heterodoxo en contra de todos los invitados, que la candidatura de Evo Morales iba a dar una gran sorpresa. La tesis era simple, gran parte del electorado estaba cansada de la democracia prebendal, plutocrática, oligárquica y nepotista; y buscaba nuevas opciones, que en ese momento, al igual que ahora, pero en sentido inverso, no tenía líderes. Entonces, se tropezaron con Evo Morales, a quien le concedieron una confianza limitada: fiscalizar el poder con una buena bancada parlamentaria. Evo servía para vigilar a los poderosos, pero no para gobernar. Otro grupo de electores, muy numeroso, optó por el camino de la venganza con un razonamiento malagüero: “ok, le daremos el voto a este bloqueador profesional, a ver si así se acaban los bloqueos y veamos cuánto puede hacer en el gobierno, tanto que critica y critica”. Este fenómeno se reprodujo al cubo en las elecciones de 2005, con los resultados que rebasaron todos los cálculos. Los vengativos no esperaban que Evo iba a hacer un buen gobierno (apariencia) y los del voto confianza se equivocaron al creer que sólo iba a servir para vigilar el poder y no para gobernar (realidad).
En teoría política hallar las causas es fundamental para encontrar las posibles salidas. La dialéctica enseña que cada fenómeno engendra su contrario. Gonzalo Sánchez de Lozada, su yerno, su hija, sus exitosas empresas mineras, su Víctor Hugo, su Capitán y de éste su Joaquino; Hugo Banzer, su yerno, sus hijas, su esposa, su Tuto, sus terratenientes; Jaime Paz, sus narcovínculos, sus cardenales, su diplomacia de la coca, su visa denegada, su Embajada, su Samuel, engendraron el fenómeno Evo Morales. Ellos son los culpables, esa es la realidad, lo demás es apariencia. En política, la causa de un fenómeno no puede ser a la vez el antídoto. Si ellos fueron la causa, difícilmente pueden ser el efecto del efecto.
La realidad está clara, el adversario de Evo Morales debe ser un cero kilómetros en materia política y si tiene algún kilometraje, al menos que no haya sido acunado por los culpables del fenómeno Evo; su origen es lo de menos, lo que importa es su mensaje, que parta de la realidad cotidiana de las personas y se traduzca en un pensamiento mestizo destinado a construir una sociedad con buenos niveles de vida reales y no sostenido en bonos falaces.
Eficaz. Pues, el gran problema del MAS es su carencia de calidad en la administración de la cosa pública, pues se ha convertido en un reproductor de los males neoliberales, a tal extremo que multiplicó el bonosol gonista, producto de la capitalización, en bonos de todo tipo, producto del eufemismo de la nacionalización.
Un líder y no un caudillo, cuya muerte política arrastre consigo el proceso y a todos quienes se jugaron la vida por el cambio y no por él. Un líder que constituya un verdadero instrumento político, transparente, honesto, que practique incluso la ciberdemocracia, y no un caudillo que está erigiendo peligrosamente una nueva oligarquía: la cocalera. Un líder, alejado de la megalomanía, que lea la historia adecuadamente y sepa, o al menos intuya, que es parte del proceso y no el proceso en sí. Un líder que desprecie a los aduladores y aprecie a los críticos, porque los amigos critican de frente, los enemigos por la espalda, los amigos son incondicionales, los compañeros son la malversación de las glorias instantáneas.
Una persona honesta, sin vínculos empresariales o grandes negocios porque estos generan desconfianza desde los tiempos de Aniceto Arce hasta Sánchez de Lozada (y otros de esta laya) porque asaltan el poder como un fin para lucrar, acumular poder y sembrar el mal vivir de la gran mayoría de la sociedad.
Un hombre o una mujer con decisión de materializar la nueva Constitución Política del Estado en la vida diaria de las personas en lugar de cuestionarla por un capricho ideológico. Pues, casi seguro, salvo que baje de la apariencia del pedestal y vire a la realidad Evo Morales, la nueva Constitución será la tumba política del MAS y su líder porque la gente se cansa de los papeles cuando éstos no terminan de cambiar sus vidas.
En definitiva, Morales es derrotable desde el momento que es mensaje y medio a la vez. Mensaje por su condición de indígena, medio por su probada honestidad, al menos hasta el momento. Es derrotable porque nuestra democracia ya tiene cuarto de siglo y necesita estadistas, ya no caudillos. Requiere líderes con un mensaje que vaya más allá de su condición social o étnica y traduzca la democracia en casa y no termine en los “satucos” o los cocaleros ¿Dónde está ese líder o lidereza? Está en el mundo real, en alguna ciudad (tan menospreciada por algunos masistas), en algún hogar boliviano, sólo falta descubrirlo.
En el mundo, cada año mueren dos millones de personas víctimas de la malaria, que se podría prevenir con un mosquitero.
Y los noticieros no dicen nada de esto.
En el mundo, cada año mueren dos millones de niños y niñas de diarrea, que se podría curar con un suero oral de 25 centavos.
Y los noticieros no dicen nada de esto.
Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas baratas, provocan la muerte de diez millones de personas en el mundo cada año.
Y los noticieros no informan nada…
Pero hace unos años, cuando apareció la famosa gripe aviar…
… los informativos mundiales se inundaron de noticias… chorros de tinta, señales de alarma…
¡Una epidemia, la más peligrosa de todas!… ¡Una pandemia!
Sólo se hablaba de la terrorífica enfermedad de los pollos.
Y sin embargo, la gripe aviar sólo provocó la muerte de 250 personas en todo el mundo. 250 muertos durante 10 años, lo que da un promedio de 25 víctimas por año.
La gripe común mata medio millón de personas cada año en el mundo.
Medio millón contra 25.
Un momento, un momento. Entonces, ¿por qué se armó tanto escándalo con la gripe de los pollos?
Porque atrás de esos pollos había un «gallo», un gallo de espuela grande.
La farmacéutica trasnacional Roche con su famoso Tamiflú vendió millones de dosis a los países asiáticos.
Aunque el Tamiflú es de dudosa eficacia, el gobierno británico compró 14 millones de dosis para prevenir a su población.
Con la gripe de los pollos, Roche y Relenza, las dos grandes empresas farmaceúticas que venden los antivirales, obtuvieron miles de millones de dólares de ganancias.
-Antes con los pollos y ahora con los cerdos.
-Sí, ahora comenzó la sicosis de la gripe porcina. Y todos los noticieros del mundo sólo hablan de esto…
-Ya no se dice nada de la crisis económica ni de los torturados en Guantánamo…
-Sólo la gripe porcina, la gripe de los cerdos…
-Y yo me pregunto: si atrás de los pollos había un «gallo»… ¿atrás de los cerditos… no habrá un «gran cerdo»?
Miremos lo que dice un ejecutivo de los laboratorios Roche…
ROCHE A nosotros nos preocupa mucho esta epidemia, tanto dolor… por eso, ponemos a la venta el milagroso Tamiflú.
-¿Y a cuánto venden el «milagroso» Tamiflú?
-Bueno, veamos… 50 dólares la cajita.
-¿50 dólares esa cajita de pastillas?
-Comprenda, señora, que… los milagros se pagan caros.
-Lo que comprendo es que esas empresas sacan buena tajada del dolor ajeno…
La empresa norteamericana Gilead Sciences tiene patentado el Tamiflú. El principal accionista de esta empresa es nada menos que un personaje siniestro, Donald Rumsfeld, secretario de defensa de George Bush, artífice de la guerra contra Irak…
Los accionistas de las farmaceúticas Roche y Relenza están frotándose las manos, están felices por sus ventas nuevamente millonarias con el dudoso Tamiflú. La verdadera pandemia es el lucro, las enormes ganancias de estos mercenarios de la salud.
No negamos las necesarias medidas de precaución que están tomando los países.
Pero si la gripe porcina es una pandemia tan terrible como anuncian los medios de comunicación, Si a la Organización Mundial de la Salud le preocupa tanto esta enfermedad,
¿por qué no la declara como un problema de salud pública mundial y autoriza la fabricación de medicamentos genéricos para combatirla?
Prescindir de las patentes de Roche y Relenza y distribuir medicamentos genéricos gratuitos a todos los países, especialmente los pobres. Esa sería la mejor solución.
PASEN ESTE MENSAJE POR TODOS LADOS, COMO SI SE TRATARA DE UNA VACUNA PARA QUE TODOS CONOZCAN LA REALIDAD DE ESTA «PANDEMIA
Pobre Marcial, pobre justicia!
Los dos firmantes fuimos muy cercanos de don Marcial e incluso caminamos juntos en la célebre marcha de 1990 que él tan proféticamente lideró. Después llegó a ser incluso candidato vicepresidencial en un binomio que, sin embargo no tuvo mucho éxito ni siquiera en su propia tierra. Con los años él se ha ido descolocando sea desde cargos públicos importantes o por su posición política. Ha promovido divisiones internas dentro de las organizaciones indígenas tanto en el TIPNIS, de donde proviene, como en otros niveles. Pero lo más grave es que ha entrado en turbios negociados por cientos de miles de dólares (1990, 1997, 2004) sobre todo por madera, aparte de otras apropiaciones indebidas y destrucción de bienes. Este es el factor delictivo, sobre el que la justicia ordinaria no ha mostrado ninguna eficiencia. Por todo ello en el anterior encuentro de corregidores éstos lo expulsaron del TIPNIS, con un documento firmado y amenaza de castigarlo si no lo acataba.
El pasado 7 al 9 de mayo se estaba realizando el XVIII Encuentro de Corregidores del TIPNIS en su Centro de Gestión, en la junta de los ríos Isiboro y Sécure, con participación de sus dos subcentrales más representantes de la CPEMB y varias instituciones de apoyo a las que se invitó. Estaban recibiendo informes de diversos proyectos locales cuando en la tarde del viernes 8 Marcial se presentó sorpresivamente en el encuentro, provocando así una reacción general de repudio. Unos y otros empezaron a expresar su rechazo porque no le habían invitado a él sino al Prefecto: “¿Por qué se atreve a venir si sabe que lo hemos expulsado?” Antes había sido un dirigente ejemplar pero ya no era así. Le recriminaron por haberse apoderado de sedes y haber participado en la quema de la CPESC en Santa Cruz, por haber montado organizaciones paralelas, por la desaparición de medio millón de dólares en su gestión… Le recordaron que, siendo él autoridad, en varios casos semejantes dio su consentimiento para que otros culpables fueran azotados y él a su vez se ofrecía a ser castigado si se portaba mal… Al final, concluyeron: “Castiguémosle para que se componga. Que cada corregidor le dé su merecido hasta que pida perdón.”
Marcial pidió la palabra pero la sala gritó que no se la den, “ya conocemos sus mañas”… Lo agarraron entre dos y lo sostuvieron mientras los corregidores empezaron a aplicarle los azotes con cuero crudo de res y a la vez exponían sus razones y le aconsejaban que pidiera perdón. Uno se excedió en la cantidad y enseguida alguien protestó: “¡que no pasen de tres!” En un momento algunas instituciones visitantes intervinieron: “¡Por favor, por favor!” No les dejaron entrar pero de hecho se interrumpió la sanción. Un testigo dijo que en total le dieron 36 azotes. ¡Pobre Marcial! Pasada una hora le acompañaron al puerto y lo embarcaron, ya de noche.
Las fotos de su espalda con surcos rojos abiertos por los cuerazos hablan por sí mismas y no son ninguna propaganda sobre esta forma de administrar justicia sean cuales fueren las intenciones. Reflejan una “rabia” que no suele estar en sanciones realizadas según las normas del cabildo, donde el así sancionado se siente incluso agradecido, liberado y recuperado.
Reconozcamos la resistencia de Don Marcial. Cuando quiso hablar no le dejaron, cuando le guasqueaban para que hablara, calló. Pero él debería también reconocer que algunos de sus delitos y ofensas (al margen de ese castigo y de su opción política) sí exigirían que pidiera perdón a esas sus comunidades “para que se componga”. ¡Pobre Marcial si tampoco busca reconciliarse con su gente y consigo mismo!
¿Es un caso de la justicia comunitaria ya constitucional, como dicen los comunicados posteriores de las autoridades del TIPNIS? Sólo a medias.
En parte sí. Fue en asamblea muy participada, sancionaron por cargo y turno. Recuerda la obra de Lope de Vega sobre la ejecución del comendador de Fuenteovejuna, “todos a una”; aunque aquí se descartaba totalmente la muerte. Recuerda el film La nación clandestina, de Jorge Sanjinés, donde el ladrón retorna como “danzante” a su comunidad, que lo expulsó, para recuperarse bailando hasta morir; aunque aquí les bastaba que pidiera perdón.
Pero en parte no, pues no se cumplieron los procedimientos mojeños. En 2005 se publicó, bajo los auspicios de la Unión Europea, un librito elaborado por el Gran Cabildo de San Ignacio con el apoyo el CEJIS, donde se precisan esos procedimientos. La expulsión – dice – “es una de las sanciones más drásticas”. La guasca “es considerada una cura que endereza” y los azotes varían de acuerdo a la gravedad de la falta, hasta un máximo de una “arroba” (50 azotes). En Mojos estas sanciones se realizan en el cabildo indigenal comunal, donde todos se conocen con todos, y en un ambiente calmado y hasta religioso a puerta cerrada. Hecha la denuncia el corregidor convoca al infractor, al que se le expone la denuncia y se escucha su réplica. El corregidor preside pero quien aplica la sanción es otro. Pero en el encuentro intercomunal del TIPNIS el ambiente no era el tradicional del cabildo. Todos estaban exaltados, en parte por la llegada provocadora del acusado previamente expulsado y en parte por la mayor incidencia de las pasiones políticas y otros intereses.
Alguien muy respetable que estaba en el encuentro concluye que la gente sí funcionó con la “lógica” de la justicia comunitaria y quedó conforme, aunque tensa. Reconoce a la vez que no se respetaron suficientemente los derechos humanos. Podríamos añadir que esa azotina colectiva rebalsó lo que debería verse ante todo como una sanción moral, en buena parte porque aquel ambiente “caliente” y que rebasaba el nivel comunal no facilitó seguir los procedimientos habituales.
¿Cuáles deberían ser las vías de solución? ¿Pasarlo todo a la justicia ordinaria? ¡Pobre justicia! ¡Cuántas reformas necesitaría y cuántas sanciones deberían aplicarse a los jueces y otros actores corruptos para que el remedio fuera mejor que la enfermedad! ¿Mantener la justicia comunitaria con imprecisiones que abran la puerta a lo arbitrario? ¡Pobre justicia!
En el escenario mojeño tan institucional lo más urgente es deliberar cómo manejar esas situaciones que rebasan la comunidad y en las que también corresponde aplicar el derecho mojeño. Más allá, originarios y juristas deberán elaborar conjuntamente, la Ley de Deslinde Jurisdiccional para precisar competencias y la coordinación entre estas dos jurisdicciones, que – correctamente – tienen el mismo rango constitucional.
Un comunicado de la subcentral TIPNIS recuerda que esa forma correctiva fue institucionalizada “desde la época colonial por los carayanas”.En Mojos y otras misiones esa era una práctica regular, moderada por el padre misionero, aunque quienes azotaban eran otros. ¿No será tiempo para que aprendamos, paso a paso, a descolonizarnos también en eso?
– Xavier Albó es jesuita, lingüista y antropólogo. Trabaja en CIPCA
– Enrique Jordá es jesuita y fue párroco de Mojos durante veinte años
CipcaNotas, Boletín Virtual No 294, Año 8, junio de 2009.
www.cipca.org.bowww.cipca.org.bo
A tiempo de hacer llegar un fraterno saludo a los delegados y delegadas de los pueblos y nacionalidades indígenas reunidos en esta IV Cumbre Continental, quiero agradecer la invitación que me hicieron llegar, y lamentar mi ausencia a este importante encuentro por las múltiples actividades y obligaciones que debo atender.
La Paz, 29 de mayo de 2009.
Evo Morales Ayma
Jubenal Quispe
Don Carlos Mesa Gisbert, ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente de Bolivia (al inicio del ocaso neoliberal) y uno de los más prominentes oradores de América Latina, escribió en el diario El País de España, el 26/02/09, una columna titulada “Bolivia, el ‘sí’ a la Constitución y sus equívocos” (www.elpais.com/articulo/opinion/Bolivia/Constitucion/equivocos/elpepiopi/20090226elpepiopi_5/Tes), que por justicia merece ser comentada.
Don Carlos Mesa, se encuentra en plena campaña política para las elecciones presidenciales del próximo mes de diciembre en Bolivia. En esta contienda, al ver a Don Evo Morales, su principal opositor, demasiado fuerte, recurre al sofisma para desacreditarlo ante la comunidad europea. Pero en este cometido, D. Carlos, termina lanzando una serie de calumnias en contra del pueblo boliviano.
El ex presidente dice refiriéndose a los indígenas de Bolivia: “(…) éstos tienen desde hace medio siglo derecho al voto, ciudadanía plena y propiedad directa sobre la tierra merced a una profunda reforma agraria (1953), y desde hace casi 20 años municipios indígenas autónomos (…)”. Si los indígenas de Bolivia gozaban y gozan de la cualidad de ciudadanía plena, ¿por qué estaban y están ausentes en la gestión de las instituciones públicas? ¿Por qué se los mantuvo en la oscuridad del analfabetismo y bajo la tiranía hambre? ¿Por qué Bolivia emprendió el escabroso camino de la Constituyente? ¿Qué Ley boliviana contempla municipios indígenas autónomos?
El rito quinquenal del voto universal no significa ciudadanía plena para nadie. Mucho menos cuando los electores carecen de información. La reforma agraria de 1953 sólo se aplicó en los andes y valles de Bolivia. En el Oriente del país (que geográficamente representa las dos terceras partes de Bolivia) el latifundio y la esclavitud permanecieron incólumes. ¿Acaso el acceso a la tierra sin tecnología, ni educación, ni mercados es garantía de una ciudadanía plena? ¿Acaso estas y otras deudas históricas no están contenidas en la obra “Historia de Bolivia” de D. Carlos Mesa?
Intentando atizar el enfado de cuantos aún no conocen el texto constitucional de Bolivia, D. Carlos dice: “(La Constitución Política) reconoce 36 lenguas oficiales (tres de ellas ya extinguidas) y asume un número equivalente de naciones entre las que no están los cinco millones y medio de no indígenas”. El Art. 3 de la Constitución Política dice: “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, (…)”. ¿Dónde está la exclusión de los no indígenas? El reconocimiento de los idiomas originarios, en el mismo rango del castellano, es una cuestión de justicia histórica con los excluidos. D. Carlos, como investigador, sabe que en Bolivia, lo mestizo e indígena no son excluyentes. Muchos se autodefinen como indígenas y mestizos al mismo tiempo. Es decir, gestionan múltiples identidades.
Con una total falta a la verdad dice que la población indígena bordea el 45% de la población boliviana. Es decir, una minoría nacional. ¡Cuántas veces él mismo ha difundido los datos oficiales del Censo Nacional del 2001, en el que 62% de los bolivianos/as se autodefinían como indígenas. Ahora, luego de la irrupción de los pueblos indígenas, este porcentaje debe estar por encima del 70%. ¿Con qué intención intenta presentar a las grandes mayorías como minorías?
Afirma que el pluralismo jurídico no es benigno para Bolivia, tampoco la retroactividad de la ley en temas de corrupción. ¿No fue su discurso contra la corrupción que le mantuvo en el poder cuando accidentalmente ejerció la Presidencia del país?
Reitera que la nueva Constitución no tiene novedades en cuestión de derechos fundamentales, sino sólo profundización en los mismos. ¿Será que el ex presidente no ha leído la Constitución antes de emitir su voto en el referéndum del pasado 25 de enero? La Constitución boliviana, no sólo incorpora derechos fundamentales de la tercera generación, sino, de manera inédita, constitucionaliza derechos colectivos en el mismo rango que los individuales.
Con premeditación y alevosía dice: “El Estado tiene el control completo de la economía, incluso sobre la totalidad de las utilidades de las empresas privadas”. ¡Esto espanta a la reticente inversión extranjera!. El Art. 308° dice: “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, (…)”. El mismo Art. en su II parágrafo dispone “Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley”. ¿Por qué D. Carlos sostiene que se estatiza incluso la totalidad de las utilidades de las empresas privadas?
Al mejor estilo de los sofistas mediáticos, D. Carlos dice que en Bolivia no pueden convivir campesinos con citadinos, Oriente con Occidente, indígenas con mestizos. Mayor simpleza analítica no puede existir. Esta supuesta confrontación mediática y maniquea no coincide con la realidad boliviana heterogénea. De lo contrario, hace rato el país estaría ardiendo en una guerra civil. Existe confrontación en Bolivia, pero es de los ricos en contra de los empobrecidos, porque éstos democráticamente se han rebelado en contra de aquellos y los han expulsado de algunos espacios del poder político. ¿Dónde quedó la honestidad intelectual y la deontología comunicativa que tantas veces nos predicó desde su canal de TV y sus columnas periodísticas? ¿Por qué intenta mentir a la comunidad internacional sobre la realidad de un país al cual Ud. aspira gobernar?
La CIA en Bolivia: Los manejos contra la democracia
Un extraordinario periodista argentino de los años ’60 y ’70 escribió, en aquella época, las acciones de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) en nuestro país. Gregorio Selser, quien también debió exiliarse a México por la persecución de los dictadores de turno, hizo un relato pormenorizado y meticulosamente documentado sobre esa actividad destinada, con absoluto descaro, a frenar los procesos democráticos, eliminar o corromper a los dirigentes sociales e imponer regímenes al servicio de los intereses de las transnacionales, como la sangrienta dictadura de Banzer.
Un documental recientemente trasmitido en el conocido “History Channel” registró una entrevista con quien fuera embajador de Estados Unidos en Chile, durante la presidencia de Salvador Allende. Con total desparpajo, el diplomático recordó que, el paro de transportistas que agravó la crisis económica en ese país, le costó a su gobierno más de tres millones de dólares (equivalentes a unos 35 millones actuales).
Valgan estos datos para sostener la seriedad de las denuncias hechas por el presidente Evo Morales relativas a la infiltración de agentes de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras actividades. Mencionó dos nombres: el boliviano Rodrigo Carrasco y el mexicano Francisco Martínez. Una cortina de humo para desviar la atención sobre la corrupción de un grupo a cuya cabeza figura Santos Ramírez. Si así fuese, no habría ninguna explicación para que la presidencia de YPFB haya iniciado una segunda querella contra el acusado.
Los agentes de la CIA
La actuación de la CIA en América Latina era ampliamente conocida pero, como es evidente, no había suficiente documentación y, la existente, era controvertida. El secuestro y posterior ajusticiamiento en Uruguay del agente de alto nivel Dan Mitrione, en los años ’70, desnudó la crueldad de las operaciones de esa agencia y las más de veinte que operan en todo el mundo, a nombre de la seguridad de Estados Unidos de Norteamérica.
Un caso escandaloso en Bolivia, fue el del Ministro del Interior de René Barrientos, Antonio Arguedas, quien después del asesinato del Comandante Che Guevara frustró el negociado y probable tergiversación del diario del Che en Bolivia.
Arguedas era agente de la CIA, como él mismo declaró en forma pública. Por eso mismo, sufrió un atentado en 1970, del que logró salvar y, refugiándose en la embajada de México, recibió asilo en Cuba, a cuyo gobierno había entregado el Diario y del Che y, posteriormente, las manos del Comandante Heroico.
Retornado a Bolivia, murió por la explosión de una bomba, en febrero del año 2000. Aunque oficialmente se concluyó que fue un accidente producto de una mala manipulación del artefacto, pocos dudan que la CIA cumplió finalmente su objetivo de eliminarlo.
Otro hecho escandaloso es el caso Huanchaca. Fue en mayo de 1986 que el científico Noel Kempff Mercado y dos de sus acompañantes fueron asesinados en un campamento en que aterrizaron, creyendo encontrar ayuda. Se trataba de una gigantesca instalación para la fabricación de cocaína. Sólo 7 años después se arrestó a un par de delincuentes brasileños que confesaron ser los asesinos. No se sabe qué ocurrió con ellos.
Lo que si se conoció fue que aquella fábrica, oculta en el parque que hoy lleva el nombre del científico Kempff, era supervisada por la DEA en combinación con la CIA. Bajo la dirección del coronel Oliver North, producían cocaína para venderla en Estados Unidos. Con los fondos obtenidos, compraban armamento para los “contras” que actuaban contra el gobierno sandinista de Nicaragua. El escándalo fue público en el juicio que se le siguió a North, aunque éste fue declarado inocente y hasta aclamado como héroe por los conservadores norteamericanos (republicanos y demócratas, indistintamente).
Si fuese necesario algún dato más, habrá que recordar que, durante la administración de Jaime Paz Zamora, la designación de un desprestigiado militar a la cabeza de la FELCN, fue cuestionada por la CIA y el presidente no sólo debió cambiarlo, sino que luego afrontó el castigo de aceptar que, su principal colaborador, purgase una larga pena carcelaria por vinculaciones con el narcotráfico que conocían y hasta propiciaban la CIA y la DEA.
Si Luis Arce Gómez fue juzgado y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de drogas, no lo fue por el delito sino porque no lo acordó con la DEA.
La coca ya no es importante
Si la cocaína marcó las relaciones de Washington con el Palacio Quemado durante todo el período neoliberal, fue porque las materias primas estaban controlados firmemente y no había razón para presionar en ese terreno. El grillete había que ponerlo en la producción de coca.
La vergüenza de la forma en que, el Congreso Nacional, aprobó la Ley 1008, todavía se siente en los pasillos de ese vetusto edificio. Como muy pocas veces ocurre, el Ministro del Interior, Juan Carlos Durán, supervisó y a veces hasta condujo el debate de cada artículo de esa ley. El objetivo era mostrar reducciones considerables en el cultivo de la coca, dejando en un segundo plano el tráfico de la droga. Así se logró instalar fuerzas norteamericanas especiales en el Chapare y, en forma subrepticia, en los Yungas.
Se trataba de mostrar, al mundo, que se erradicaba la coca y a los cocaleros, sin importar que el consumo de drogas, en los países industrializados, no disminuya. Por supuesto, es más barato arrancar arbustos con lujo de prepotencia y abuso, que combatir a las grandes corporaciones de narcotraficantes en Estados Unidos.
Así se manejó, desde las oficinas de la CIA, la supervisión de los gobiernos que se sucedieron en Bolivia entre 1985 y 2005. Basta recordar que, los candidatos presidenciales, debían cumplir dos condiciones para ser aceptados: rendir examen ante la Confederación de Empresarios Privados y, previamente, demostrar que tenían visa de ingreso a Estados Unidos.
Quieren llevarse otra vez el gas
El pueblo boliviano luchó por recuperar la propiedad de sus recursos naturales. Luchó contra las transnacionales y contra sus servidores nativos, algunos de los cuales fungen ahora como prefectos o presidentes de comités cívicos.
La campaña contra esa decisión del pueblo, comenzó con el debate de la ley en el Congreso Nacional. Carlos Mesa, reculando de su promesa, propuso un proyecto que mantenía los privilegios de las transnacionales; cuando no logró, se negó a firmar la ley y, después, no cumplió el mandato de ponerla en vigencia. Tampoco lo hizo su sucesor, aunque es evidente que otra era su misión.
Luego que el presidente Evo Morales impuso la vigencia de la ley, las transnacionales se resistieron a firmar los nuevos contratos, hasta la hora final. La firmeza del nuevo gobierno les mostró que no tenían alternativa.
Era de esperar que cambiaran sus métodos. La guerra sucia de la CIA tiene muchos mecanismos a su disposición. Lo hicieron en Cuba, en Nicaragua, en Chile, en Venezuela y, ahora, en Bolivia. Si algo se debe aprender es la forma en que la CIA manejó PDVSA para derrocar al gobierno de Hugo Chávez.
Rodrigo Carrasco llegó a ser Gerente Nacional de Comercialización en YPFB. que haya alcanzado tan alto puesto, es responsabilidad de sus superiores. Más aún, si ya se conocía su actividad al servicio de la CIA. Como agente de esa mal afamada institución, trabajó en República Dominicana, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina, antes que en Bolivia. Pero parece ser que era útil para las tareas que había emprendido el presidente de la empresa petrolera.
En cuanto a mexicano Francisco Martínez, la embajada de Estados Unidos se ha encargado de reconocer que es funcionario de la misma. Sin embargo, una extraña versión apareció en CNN: una persona portando credencial y una carta falsificadas con ese nombre, intentó ingresar en las oficinas de la CIA y, al ser descubierto, aceptó haber falsificado ambos documentos con el objeto de conseguir trabajo de chofer. Cualquier día de estos, el señor Martínez desaparece y sus acciones en Bolivia, quedarán sin aclaración. Es lo que ha sucedido en cada una de las operaciones que realiza esa agencia en la que, el ciudadano norteamericano, gasta miles de millones de dólares. El argumento es simple: la defensa de la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica.
La responsabilidad no se delega
Que se haya descubierto esta red, no le quita responsabilidad a nadie. Al contrario, demuestra que la red de corrupción era más peligrosa que el robo de dinero. Llegaba a la desestabilización del gobierno. El expediente es visible: destruir YPFB, lograr que el pueblo desconfíe del presidente Evo Morales y preparar las condiciones para derrocarlo. La culpa de los autores de esta fechoría es triple.
* Antonio Peredo Leigue es senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.
Ama Sua, Ama Llulla, Ama Qhella
Los primeros pasos del Estado Plurinacional en Bolivia
Alex Contreras Baspineiro*
ALAI AMLATINA, 12/02/2009, Cochabamba.- «El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhella, ama llulla, ama sua (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereco (vida armoniosa), teko kavi (vida nueva) ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)», reza el artículo octavo de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia que fue promulgada el 8 de febrero de 2009.
Sin embargo, a menos de una semana de esa histórica promulgación que debería marcar el rumbo de la refundación, un escándalo de corrupción sacude las fibras más íntimas de este proceso de cambio.
Hoy, Santos Ramírez Valverde, el segundo hombre fuerte del Movimiento al Socialismo (MAS), ex Senador de la República y ex presidente de la empresa nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue detenido preventivamente y trasladado a la cárcel de San Pedro (La Paz) por determinación del Juzgado de la Corte Superior de Distrito.
El 27 de enero fue asesinado, en La Paz, el empresario Jorge O’Connor, los sicarios le arrebataron 450 mil dólares en efectivo que portaba en dos maletines, las investigaciones señalan que ese monto era parte de los diezmos o coimas que recibía el alto dirigente del MAS por contratos que realizaba con la empresa fantasma Catler Uniservice. Se presume que existieron otras entregas ilegales de dinero.
En este flagrante hecho de corrupción que tiene que ser combatido con todo rigor, presumiblemente también están involucrados la ex esposa de Ramírez, la diputada del MAS, Giovanna Navia Doria Medina, tres de sus hermanos, un cuñado; hermanos de un diputado del partido opositor PODEMOS y delincuentes prontuariados que están detenidos.
YPFB y Catler Uniservice firmaron un contrato para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), cuyo costo asciende a 68,3 millones de dólares y, una semana antes del hecho, se desembolsó 4.5 millones de dólares de los cuales se entregaba, el día del asesinato, el 10 por ciento a Ramírez: 450 mil dólares.
El 30 de enero, en un acto realizado en la ciudad de Tarija, el presidente Evo Morales Ayma, ratificó su confianza en la ex autoridad de la empresa estratégica más importante de este país.
«Yo conozco al compañero Santos Ramírez y dudo de esas acusaciones, pero el caso está en investigaciones. No porque sea Ramírez del ámbito político puede ser tapado. No, tiene que esclarecerse, pero pongo dos ejemplos: Jorge Alvarado y Manuel Morales Olivera, ex presidentes de YPFB que han sido acusados, se han defendido y no hay nada hasta ahora e inclusive sus acusadores se escaparon al no tener pruebas», afirmó el Jefe de Estado; horas después se desdijo y lo destituyó de su cargo.
Hombre de confianza
Santos Ramírez Valverde nació el 14 de agosto de 1962, en Caiza D, provincia José María Linares del departamento de Potosí. Se inició como dirigente sindical del magisterio rural para luego jugar un rol protagónico en la actividad política.
En 1995, junto a Evo Morales Ayma y otros dirigentes de los movimientos sociales, fundó el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), que poco después adoptaría la sigla de Movimiento Al Socialismo (MAS).
En 1999, fue candidato a alcalde de Potosí con magros resultados; en las elecciones de mayo de 2002 resultó elegido Diputado por Potosí y en los comicios de 2005 fue elegido Senador de la República.
En la legislatura 2006, fue presidente de la Cámara Alta, período en el cual ocupó en dos oportunidades la Presidencia de la República de Bolivia, puesto que Evo Morales Ayma como Álvaro García Linera viajaron al exterior del país para intervenir en diferentes actos oficiales. Durante sus breves mandatos, promulgó siete leyes.
Antes de asumir la presidencia interina de YPFB, tuvo un papel destacado en la conformación del Estado Mayor del Pueblo, la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) y fue operador político en la Asamblea Constituyente.
Aunque existieron una serie de acusaciones durante su mandato parlamentario, nunca antes se le pudo comprobar nada.
«Él era el más relacionado con el Presidente de la República; por eso, es que nosotros considerábamos a Santos Ramírez uno de los segundos hombres en Bolivia… Puede que nuestro compañero haya sido utilizado para que caiga, porque después del 2015, ¿a quién tenemos? Nosotros pensábamos que era nuestro segundo hombre», reveló con lágrimas, el diputado masista, Hilario Callisaya.
Revolución moral
La determinación del Presidente de la República, en torno a este caso, es aportar a las investigaciones mediante el recién creado Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: «caiga quien caiga».
«Hermanas y hermanos, algo ético que se ha recuperado es la ley que nos dejaron nuestros antepasados. Por primera vez en la nueva Constitución Política del Estado se incorpora el ama sua, ama llulla, ama qhella (no seas ladrón, no sean mentiroso ni seas flojo)», dijo en partes de su discurso al promulgar la nueva CPE, el Primer Mandatario de la Nación.
Al remarcar que primero deben cambiar los gobernantes, ministros, parlamentarios y otras autoridades, se preguntó en qué consiste el cambio: «en dejar de ser egoístas, dejar de ser individualistas, dejar de ser ambiciosos, dejar de ser sectarios y regionalistas; primero la Patria».
En una reunión de evaluación realizada a finales de año por el gobierno, se detectó entre los aspectos negativos de los tres años de gestión, los hechos de corrupción, el nepotismo y la burocracia estatal.
Flagelo incursionado
Se estima que más del 50 por ciento de los funcionarios que trabajan en 20 ministerios pertenecen a los partidos tradicionales y ni siquiera conocen los pilares fundamentales del proceso de cambio. Urge una revolución moral y del comportamiento.
Ante este clima adverso, con la promulgación de la nueva Carta Magna también se posesionó al nuevo gabinete ministerial que ocasionó una serie de reacciones contrarias, sobretodo, en representantes de movimientos sociales.
«Este no es un gabinete plurinacional, es un gabinete neoliberal», aseveró el dirigente campesino, ex asambleísta y fundador del MAS, Román Loayza.
El presidente de Juntas Vecinales de El Alto, Ismael Herrera, manifestó muy molesto que los ministros de Estado que hicieron daño al país y al proceso de cambio continúan en sus cargos en contra del pedido de algunas organizaciones sociales.
«Existe una gran molestia del pueblo indígena, a pesar de que respetamos la decisión asumida por el presidente Evo Morales. Pero eso no quiere decir que los del Chaco, Oriente y Amazonia sean unos incapaces para asumir una responsabilidad. Creo que no es correcto que un presidente indígena discrimine a los 34 pueblos indígenas, población que es tan importante para la lucha de la democracia y que fue olvidada. No podemos seguir siendo excluidos», aseguró el principal dirigente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez.
Más sombras en el gobierno
El mencionado caso de corrupción en la actual gestión de gobierno no es el único: existe otro escándalo de contrabando ocurrido el año pasado, hasta hoy no esclarecido y que lamentablemente se ha convertido en una sombra en el proceso de cambio.
El 27 de julio, un convoy de 33 camiones con contrabando avalado en más de 1.5 millones de dólares abandonó la Zona Franca de Cobija (Pando) y ese mismo día fue detenido en la localidad de Santa Rosa del Abuná por el Comando Conjunto.
Según informes oficiales del Comando Operativo Aduanero (COA); del ex presidente de la Aduana Nacional, general César López e incluso del principal dirigente de los contrabandistas, Jesús Chambi, la autorización para la salida ilegal de los vehículos y la mercadería fue del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
En el propio Palacio de Gobierno se habría realizado una reunión en la que se autorizó la salida «sólo de 15 camiones», pero los comerciantes contrabandearon en 33 camiones. El caso sigue en investigación.
«Es un mal comienzo. Las organizaciones sociales y sindicales hemos pedido el cambio de actitud del Presidente de la República, Evo Morales. Eso significaba el cambio de algunos ministros. Los que están en el gobierno más de tres años creo que le hacen mal a la actividad. Sólo cambiaron a tres o cuatro ministros y los demás están ratificados», cuestionó el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Sósimo Paniagua.
Si este caso del contrabando no es esclarecido y los responsables no son sancionados de acuerdo a ley, como el caso de corrupción, el estigma de la corrupción será una sombra en el gobierno.
A Santos Ramírez Valverde se lo acusó de encabezar un negociado por la adjudicación de la empresa Catler-Uniservice para la construcción de una planta procesadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, y por recibir soborno, pero también está imputado por los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, cohecho pasivo propio y contratos lesivos al Estado.
Otros hechos ilegales
Lo cierto es que en todo el escándalo de la corrupción –como en el caso del contrabando- la mayoría de las autoridades, parlamentarios, dirigentes y otros representantes del MAS, prácticamente «desaparecieron» del espectro político: no emiten opinión, no cuestionan, no escriben y menos fiscalizan. Guardan un silencio cómplice.
«Callar es lo mismo que mentir», decía el sacerdote jesuita Luis Espinal, antes de ser asesinado en la dictadura garcíamezista.
Una de las excepciones, el Senador de la República, Gastón Cornejo, dijo que el MAS fue herido de muerte y solicitó a la Dirección Nacional que Santos Ramírez Valverde sea expulsado del partido para asumir su defensa sin ninguna protección.
«Yo no sé qué pasa con la Bancada del MAS, hasta ahora no hay una expresión colectiva, posiblemente porque están tan avergonzados como yo», reconoció el parlamentario.
El proceso de cambio necesita bolivianos y bolivianas con una visión crítica constructiva que rescate los principios éticos, morales, filosóficos, históricos y, sobretodo, que defienda la dignidad para marchar hacia la refundación. Bolivia necesita soldados de la revolución.
A la tradición ancestral del ama qhella, ama llulla, ama sua (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), urge sumar un mensaje de la sabiduría popular: ama llunk’u (no seas adulador, no seas tira saco ni seas servil).
*Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano, ex vocero de gobierno.
El SÍ ganó en el 77% de los municipios del país
Enlared.- El SÍ a la nueva Constitución ganó en 253 municipios, lo que significa el 77% de los 327 existentes en el país. El NO, en cambio, se impuso en 74 secciones municipales, el 23%, según los datos finales del Referéndum Constituyente emitidos por la Corte Nacional Electoral. El análisis y agrupamiento de la información corresponde a Enlared-Onda Local.
Mientras en los departamentos de La Paz , Oruro y Potosí el triunfo del SÍ se impuso en el cien por ciento de las municipalidades; en Cochabamba y Chuquisaca, sólo en los municipios que son la capital del departamento ganó el NO.
En el otro lado, en los departamentos donde ganó el NO, la votación es menos unánime: siempre desde el punto de vista de los municipios, Pando ocupa el primer lugar del rechazo a la nueva Constitución, pues de las 15 municipalidades que tiene, en 12 (el 80%) ganó el NO; de cerca le sigue Beni, con 15 de 19 municipios (el 79%).
Luego viene Santa Cruz, más bien en una situación relativamente intermedia, pues de los 56 municipios que hay en el departamento, en 39 (el 70%) ganó el NO; quedando 17 secciones municipales (el 30%) que apoyaron la nueva Constitución.
Finalmente, Tarija es el departamento del NO más «balanceado» , pues de las once secciones municipales que tiene, el NO ganó sólo en seis (el 54%).
La distribución territorial del voto, por secciones municipales (77% por el SÍ y 23% por el NO), naturalmente se relativiza cuando se habla de la población votante.
El peso de los municipios capitales
Considerando sólo los «votos válidos» (los que fueron por el SÍ o por el NO, dejando de lado Blancos y Nulos), los resultados del referéndum no dejan de sorprender.
Contra la común creencia de que el voto de las ciudades capitales decide en gran medida el voto departamental, en los resultados del Referéndum se encuentra que sólo en cinco departamentos el voto de los municipios capitales constituye una mayoría: 63% en Santa Cruz, 62% en Oruro, 62% en Pando, 57% en Chuquisaca, y, 50.03 en Tarija.
En los otros cuatro departamentos, el voto válido de los municipios capitales fue menor al resto de los municipios: 40% en Cochabamba, 38% en La Paz , 34% en Beni, 29% en Potosí.
Sobre todo en el caso de La Paz, sin embargo, hay que considerar que en el mencionado «resto de municipios», se esconde la urbe alteña, que ella sola reúne al 33% de todos los votos válidos del departamento.
El voto urbano
En todo caso, la mayoría de las capitales de departamento se confirmó como el bastión del NO.
El SÍ ganó sólo en los municipios capitales de La Paz, Oruro y Potosí; en tanto que en Cochabamba y Sucre, aún cuando en el departamento al final ganó el SÍ, en las capitales triunfó el NO: 53% (NO) contra 47% (SÍ) en Cochabamba; y, 70% (NO) contra 30% (SÍ) en Sucre.
En las capitales de los departamentos donde ganó el NO, el rechazo a la nueva Constitución estuvo en el rango de: 72% en Trinidad, 71% en Santa Cruz, 66% en Tarija, y 60% en Cobija.
Ahora, junto a estos datos, hay que considerar el peso electoral de cada departamento en el conjunto nacional. Siempre según los resultados oficiales de la Corte, se tiene que el departamento de La Paz comprende al 34% de los votos válidos del país, Santa Cruz al 22%, Cochabamba al 18%, Potosí al 7%, Chuquisaca al 5%, Oruro al 5%, Tarija al 4%, Beni al 3%, y, Pando al 1%.
El voto por el SÍ
En general, el voto por el SÍ se evidencia masivo en el «resto de municipios» de los departamentos con respecto al municipio capital.
En los departamentos donde ganó el SÍ, por ejemplo, se puede ver que este Sí vino más de dicho resto municipal antes que de la capital: en Potosí, del total de votos por el SÍ, el 79% vino del resto de los municipios; en Cochabamba, el 71%; en La Paz, el 70%; en Chuquisaca, el 67%; y, en Oruro, el 46%.
Aquí, se puede concluir, el SÍ ganó sobre todo por la decisión de la población que no vive en la capital (excepto Oruro).
En los departamentos donde ganó el NO, el voto por el SÍ tuvo una suerte más diversa: en Beni y Tarija siguió siendo sobre todo aporte de los municipios «rurales»; en tanto que en Santa Cruz y Pando es llamativo que el voto por el SÍ más bien vino en su mayoría de las respectivas capitales de departamento.
El voto por el NO
Allí donde ganó el NO (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), se confirma la tendencia de que el voto por el NO sobre todo lo aportaron las capitales: 69% en Santa Cruz, 63% en Pando, 58% en Tarija; con la excepción de Beni, donde el voto de rechazo a la nueva Constitución en un 63% provino de «las provincias».
En el voto por el NO en los departamentos donde ganó el SÍ, en cambio, es más llamativo aún: ampliamente provino de las capitales. Así, en el departamento de Oruro, de cien personas que votaron por el NO, 85 radican en el municipio capital; en Chuquisaca, 82; en La Paz , 70; en Cochabamba, 61; y, en Potosí, 60.
Bolivia: Visiones y previsiones
Los «arregladores» de entuertos
Antonio Peredo Leigue*
Un senador opositor, dueño de tierras y reses, luego de ratificada la Constitución Política del Estado, se asombra del veredicto popular que sanciona, como latifundio, la propiedad de tierras por sobre las 5 mil hectáreas. Pide una revisión a cargo de gente entendida. Comprensible en alguien que considera, a las leyes como normas que deben favorecerlo.
El caso es que se suma a un catedrático que llegó a ser dignatario, reclamando una revisión de la constitución por entendidos, como él. Ya no se trata, a su entender, de uno o dos artículos, de un tema u otro. Quiere hacer una revisión completa. En otros términos: quiere invalidar el trabajo de la Asamblea Constituyente; desprecia los avances que se hicieron en reuniones con prefectos y otras autoridades; no le interesan los ajustes que, por último, permitieron la convocatoria a los referendos. Que el pueblo se haya pronunciado, no tiene importancia. Él es la autoridad que pondrá en regla la Ley Mayor. Nosotros, debemos acatar su inapelable sentencia.
Pero dos son poca muestra. Se suman analistas, politólogos y, ¡cuándo no!, comiteístas que no se han enterado de que el país cambió. Ninguno de ellos contribuyó, con algún aporte a este avance; fueron opositores desde antes que se redactara un solo artículo de la nueva Constitución. Es decir, no querían, no quieren y no querrán por ningún motivo, que cambien las reglas del juego. Así siempre sucedió con los grupos de poder, y sus acólitos, que quedan fuera de la historia.
La tierra improductiva
Es cierto que no es lo mismo una extensión determinada en Santa Cruz o La Paz, en El Chaco que en Pando. Hay condiciones diferentes, por supuesto. Pero el acaparamiento de grandes extensiones rurales, ha sido una constante para los dueños del poder. Y, esa constante, es factor principal del despoblamiento de nuestro extenso territorio nacional.
Un poco de historia, no nos caerá mal. Las encomiendas coloniales fueron eso: encomiendas, no concesiones ni donaciones, ventas o transferencias. Los encomenderos eran responsables de que la tierra produjese, para lo cual debían cuidar que los indígenas originarios mantuviesen un nivel de trabajo al menos suficiente. El producto de la encomienda era vendido por el privilegiado. Esa era la norma, aunque aquel patrón colonial se considerase dueño de la tierra. En esa condición, los criollos que se beneficiaron con la creación de la República, se proclamaron dueños de la tierra y de los colonos; es decir, dueños de haciendas y vidas.
Pero, como la larga guerra de independencia agotó la explotación de minerales, los grupos de poder se interesaron por las tierras que aún permanecían en poder de las comunidades campesinas. Con Donato Muñoz, como artífice, durante el sexenio de Mariano Melgarejo, decretaron la farsa de la ex vinculación. Los dueños originarios de la tierra debían demostrar sus derechos en un tiempo límite. El engaño fue que el decreto fue conocido por los criollos y se informó a los indígenas cuando había vencido el plazo. Así enriquecidos, los dueños del poder convirtieron a todos los originarios en peones de sus haciendas, pagados con la concesión de una parcela para su sustento, a cambio de trabajar gratuitamente la tierra del gamonal e incluso prestar servicio en la casa del patrón.
Todo esto se prolongó hasta el año 1952, pese a que, una década antes, formalmente se abolió el pongueaje. Los señores de la tierra, aliados a los barones del estaño, mantuvieron el atraso como condición de país empobrecido. ¡Aún así se atrevían a proclamar la República!
La tierra parcelada
Quizás haya sido una visión apropiada en ese tiempo. Quienes vivimos tal época, asumimos que, ése, era un paso trascendental. Las haciendas y latifundios fueron distribuidos entre los campesinos, que asumieron esa denominación genérica y formaron sindicatos, en el mismo esquema que la organización obrera.
Pero no había propiedad comunitaria. No se consideró la unidad de los pueblos originarios. Más bien, se intentó formar cooperativas. Es cierto que, ya a principios de los años ’40, se organizó un movimiento en esa dirección. Pero la cooperativa no pudo consolidarse. La razón es visible ahora; no lo era entonces.
De ese modo, la tierra resultó parcelada y, a la vuelta de una generación, comenzó a expulsar a los campesinos. Arracimados en los cinturones de miseria de las ciudades, de su condición de pobres pasaron a miserables. Estaban dadas las condiciones para emigrar hacia otros países, por miserables que fuesen las ofertas; aquí, no tenían ni siquiera esa posibilidad.
Cincuenta años después, la situación es desastrosa. Millones de hombres y mujeres han salido de Bolivia como expulsados. Es evidente que emigraron profesionales y gente de clase media baja. Pero, fundamentalmente, son los campesinos quienes componen esa población que podemos calificar, apropiadamente, como exiliados económicos.
En tanto, las propiedades rurales en los valles y las tierras bajas, han restablecido el latifundio. Es decir, la propiedad de la tierra no tiene una función productiva, sino meramente comercial. Se compra al Estado a precios ridículos para, luego de algún tiempo, venderla con grandes ganancias.
Esa es la norma. Por lo menos lo será hasta el momento en que entre en vigencia la Constitución aprobada el 25 de enero pasado.
Los reclamos del terrateniente
Para lograr un consenso que permitiera el referendo simultáneo, se hicieron concesiones. Esto es cierto y debemos asumirlo; no sólo reconocerlo. Pero asumir, es una obligación de todos. Haber aceptado que los latifundios existentes al momento de promulgarse la nueva Carta Magna no serán tocados, a menos que se compruebe que no están produciendo, es un acuerdo entre todos los partidos con representación parlamentaria. En el MAS, con grandes reticencias, las organizaciones sociales aceptaron tal concesión. Pero debe ser vigilantes, pues los terratenientes creen que pueden seguir pidiendo más y más tierras.
Alguien dice, uno más entre tantos, que cinco mil hectáreas es insuficiente para trabajar un hato vacuno que rinda alguna ganancia. Así parece, si los dueños de los frigoríficos, pagan una miseria por las reses y se llevan la parte del león. Doscientos dólares por un novillo que rinde más de 300 kilos de carne. Agreguemos la venta del cuero y de los huesos. O los ganaderos se dejan explotar o, como socios de los frigoríficos, explotaron al Estado a expensas de sus aparentes pérdidas.
Desde 1950, cuando se hizo el primer censo agropecuario en Bolivia, hasta 2001, cuando ocurrió el segundo, en el Beni se contabilizó la misma cantidad de ganado: 3 millones de cabezas. Si consideramos que los terratenientes ganaderos no hacen otra cosa que dejar que las reses pasten por su cuenta, contratando un número mínimo de obreros para vigilar que se mantengan, llegamos a la conclusión de que, estos señores, buscan que el Estado les pague su desidia.
En esas mismas condiciones –dejar por su cuenta al ganado- 5 mil hectáreas, equivalen a un hato de mil cabezas. Lo demás son cuentos de quienes están esperando inundaciones para cobrarle al Estado las pérdidas que sí cuentan con precisión.
La tierra productiva
Un millón de kilómetros cuadrados, es una extensión ilimitada, si tomamos en cuenta la escasa población humana. Debemos hacer un inventario mediante el cuál, conozcamos qué cantidad de tierras son apropiadas para el pastoreo, cuáles sirven para la agricultura y qué cantidad de bosques debemos preservar. No podemos olvidar, tampoco, el cuidado de nuestros caudales fluviales que no aprendimos todavía a manejar. Esta es nuestra riqueza. Ese el futuro de Bolivia. Que unos cuantos hacendados pretendan mantener su estilo de vida no puede desviarnos del camino. Es el camino de la construcción de una sociedad nueva en la que ellos tienen que cumplir un papel muy importante por cierto: producir.
*Antonio Peredo Leigue es senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.
La Paz en Acción, el ala juvenil de la desaparecida Podemos
Si bien es probable que el «colectivo» ciudadano «La Paz en Acción» no tenga relación con la «media luna» ó la Unión Juvenil Cruceñista. Lo que sí es cierto es que depende íntimamente de la desparecida agrupación ciudadana Poder Democrático Social (Podemos), a pesar de que su presidente, Boris Bernal Mancilla, se declare «independiente»
Sin ir muy lejos, Bernal Mancilla presentó el 9 de enero un libro titulado «La plebe en acción» en el Salón de los Retratos del Senado Nacional, patrocinado por la diputada podemista de Potosí Miriam Flores Anze. Dicho sea de paso, tal texto quiere dividir a la sociedad boliviana en «patricios » y «plebeyos», lo cual no merece más que un cometario anecdótico, en el mejor de los casos.
Pero eso no es todo, el trabajo de difusión de los artículos de «La Paz en Acción» lo realizan dos empleados de la bancada de la inexistente Podemos en la Cámara de Diputados –en la que Bernal Mancilla trabajó alguna vez– que son Juan Carlos Palacios y Wendy Crovo.
Dirigente universitario
Según el blog (página individual creada en internet para difundir ideas particulares) de Mancilla, este declara que: «En 1995 ingresé a la práctica política como dirigente estudiantil, siendo reconocido en 1998 como: «El Dirigente Más Joven» por el CEMA San Antonio de Padua de la Ciudad La Paz».
«Una vez ya en la universidad, en el año 2003 fui elegido como miembro de la Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Andrés; en el 2004 y el 2005 participé en espacios de poder vecinal a invitación de los mismos».
«A partir de 2004, realicé trabajos teóricos, publicando artículos en prensa alternativa y participando como panelista en foros sobre temas políticos de coyuntura. A comienzos del año 2007 fui invitado (¿por quienes?) a dirigir y organizar la agrupación La Paz en Acción misma que funda sus principios en el respeto de la democracia y la libertad».
Este muchacho, que se la da de intelectual, en días pasados quiso desmentir su vinculación con la «media luna» y la unión juvenil cruceñista, «aclarando» y «desmintiendo» esa afirmación con otra acusación, que el Senador Rojas sería parte del EGTK, organización política a la que perteneció en el pasado el Vicepresidente de la República Álvaro García Linera.
Oportunidades de ingreso a la «U» se amplían con la nueva CPE
Según estadísticas del ministerio de Educación y Culturas cerca de 115.539 estudiantes de secundaria (datos del 2006) se promocionan anualmente. De estos menos de la mitad, por diferentes causas logra ingresar a las universidades fiscales o privadas.
Este panorama de cifras que ratifican, que el modelo de educación impuesto por el neoliberalismo en los últimos 20 años logró negarle una oportunidad de estudios superiores a hijos de indígenas, campesinos, mineros y obreros.
En el caso de la ciudad de La Paz durante la gestión 2006 a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ingresaron, 8.948 nuevos estudiantes de 38.818 promocionados de secundaria en ese año.
Estos datos evidencian que el ingreso de los bachilleres a las casas superiores de estudio se frustra por diferentes razones, ente las cuales sobresalen, los factores socio- económicos, problemas familiares como son: desempleo, enfermedad o carencia -por muerte o disolución del matrimonio- de la figura paterna o materna para solventar los gastos de estudio.
En ese ámbito el próximo 25 de enero debemos decirle Sí a la nueva Constitución Política del Estado CPE puesto que el artículo 83 señala: «El Estado priorizará a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, con recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte y material escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles».
Pero mientras se culmina ese proceso, el Gobierno ha decidido revertir esa injusticia social, ya que Evo Morales dispuso la otorgación de becas de estudio solidarias, en favor de bachilleres de pueblos indígenas originarios.
En la pasada gestión 2.468 bachilleres resultaron favorecidos con becas en las 40 universidades privadas del país, con excepción en algunas que tienen reglamentos internos a los que los beneficiarios deberán someterse antes de iniciar las labores académicas.
El ministerio de Educación y Culturas, a través del viceministerio de Educación Superior, puso en vigencia el Decreto Supremo Nº 23425 (15-III-1993), que establece que el 10 por ciento de la población estudiantil de las universidades privadas debe ser beneficiada con becas de estudio, y el Reglamento General de Universidades Privadas (2005), que señala en el inciso «d» del Art. 16 la otorgación de becas en observancia del DS Nº 23425.
Esta cifra de estudiantes que se benefician con becas universitarias podrá ampliarse a un mayor número de beneficiarios ya que no solamente serán los de bajos recursos económicos, sino, también los alumnos destacados de cada unidad educativa. Así lo determina el artículo 83, punto III del nuevo texto Constitucional :» Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo».
La generosidad del Sí
A pesar de la mentira, el Sí no sólo gana, sino que enseña a ganar: la verdadera victoria no consiste en aplastar a alguien. La verdadera victoria consiste en no tener que aplastar a nadie. Porque una verdadera reivindicación no lucha sólo por los congregados sino por todos; y se hace más verdadera cuando más resistencia genera, cuando abraza otras luchas y toca la médula misma del problema: se hace verdadera porque se hace universal.
Ante ello, la mentira se reagrupa: la manipulación no acaba con el No. Las verdaderas cifras del referéndum se constatan en la negativa al latifundio; por eso la derecha enarbola el empate (el trasnochado «empate catastrófico») para ocultar su derrota, porque el peso real de las cifras dicen que la manipulación no puede ser perfecta: la sensatez no podía asumir posiciones maniqueas ante una pregunta directa. En este sentido, el No fue la constatación rotunda de una sociedad adicta a las apariencias, o sea, carente de criterio propio, o sea, de autonomía moral, o sea, nunca emancipada (de sus taras y prejuicios).
Pero, además, el No reúne, en sí, la mezquindad propia del perro del hortelano. Por eso el Sí le enseña el verdadero sentido de ganar. Pues el voto de occidente hace posible ahora la autonomía tan reclamada (aparentemente) por los líderes orientales. Esa es la generosidad del Sí. Así como en 1825, quienes pelearon por la independencia, les regalaron ésta a quienes nunca habían luchado por ella; ahora, los despreciados de siempre, son quienes les regalan la autonomía al oriente (limpia ahora de los vicios de sus portavoces).
Es la más grande derrota del sector conservador. Porque pierden su bandera y el símbolo que encubría sus propósitos. Por eso quieren empatar, porque ya no pueden ganar. De nada les vale el porcentaje del No, porque aun así, la obtención de la autonomía tiene el sabor del occidente indio, aymara, quechua (y todos sus cucos). Su sueño autonómico se volvió pesadilla; la autonomía nació con tez india (no magnífica sino auténtica). Ahora oscilan entre concertar y desacatar. Lo primero ya es anacrónico, lo segundo insolente, y es propio del barbarismo demagógico que ha corrompido las ciudades (espacio colonial por excelencia).
La derecha quemó no sólo sus naves antes de llegar a Troya, sino sus dioses mismos. Lo cual manifiesta la fidelidad a la tradición que arrastran. Pues si Roma crucifica al Mesías y todos los imperios martirizan a los justos, la carnicería de víctimas y la calumnia mediática son lo mismo. En cada víctima atormentada se atormenta al Mesías: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o peregrino, o enfermo, o en prisión y no te socorrimos? Cuando dejaron de hacer justicia con uno de mis hermanos menores, conmigo dejaron de hacerlo».
Por eso, el samaritano no es el sacerdote (el cardenal) o el escriba (los medios) y menos los doctores de la ley (corte suprema y políticos); estos más bien persiguen al samaritano por haber socorrido a la víctima. El samaritano es el rehén que toman los opresores para escarmentar a las víctimas. Por eso las infamias se dirigen a éste, porque éste toma la palabra de las víctimas y se enfrenta a los opresores. Por eso su palabra es propositiva y enciende la esperanza. Es generosa. Denuncia para transformar, no para vengar. Algo que no toleran los opresores, pues sólo saben de venganzas. Por eso dicen No. En ese No encierran su miseria.
Rafael Bautista S.
Perdieron otra vez…¿pero..No?
Santa Cruz
El 25 de enero, Bolivia corrió a las urnas para aprobar, la nueva Constitución Política del Estado (CPE), dificultosamente elaborada por constituyentes y ajustada en el Congreso Nacional, para gusto de unos y disgusto de otros. En nuestro país, desdichadamente, todo pasa y nada pasa, como lamentaba en el pasado uno de nuestros políticos.
La CPE está aprobada, según las reglas del juego. Las minorías, tienen la obligación de someterse a las mayorías. Pero, como en Bolivia «todo pasa», ya surgieron las voces de quienes no reconocen una tercera derrota en solo tres años.
Tras los resultados, los perdedores, comenzaron a tejer nueva teoría sobre un supuesto «empate técnico». Nuevamente la visión de las dos Bolivia, otra vez el respeto a las regiones que votaron por el NO.
Grupos y logias interesadas, no entienden que la votación fue nacional, no por circunscripciones, departamentos o regiones. Los resultados, tienen validez nacional, aunque el SI, hubiera ganado por un solo voto.
A los sectores oligárquicos, no les cuece la derrota democrática. Y no les gusta, porque desde el inicio de la república, vivieron arriba, en el mando del Poder, sin bajar para nada a mirar que grandes sectores vivían en una pobreza espantosa.
En los últimos treinta años, gobernaron primero con las dictaduras militares y luego recuperada la democracia, éstos la convirtieron en «democra-dura», para seguir saqueando los bolsillos del Estado, manejando la cosa pública con puño duro, obstaculizando todos los procedimientos verazmente democráticos, para mantener sus privilegios y distribuir únicamente la pobreza.
Con la teoría del «empate técnico», cualquier día el equipo de Oriente Petrolero, vencerá a Blooming por tres goles a dos y los perdedores reclamarán empate técnico, no admitirán perder por un solo gol, se exigirá respetar los dos goles encajados, por tanto Oriente Petrolero no podrá llevarse los tres puntos así nomás, habrá que negociar para que ceda por lo menos un punto..¿verdad?.
Los respetuosos del juego verazmente democrático, esperan que los actuales gobernantes no sigan cediendo a las argucias de ese reducido pero poderoso sector oligárquico, acostumbrado a encumbrar Presidente al tercero en elecciones amañadas o a juntarse para usufructuar la «democracia pactada», con porcentajes no superiores al 20 y 30%.
Con los resultados del 25 de enero, terminaron dos centurias de equivocaciones, de racismo, pobreza y desigualdad. Algo, está terminando y mucho está comenzando en Bolivia en base a una Constitución aprobada por las mayorías. Así de claro.
Con el nuevo pacto social aprobado el domingo, el 20% de la población privilegiada, que posee el 80% de la riqueza y los medios de producción, tiene que ceder para equilibrar la posesión de la riqueza. Bolivia es rica y de ninguna manera su destino es la pobreza. El 25 de enero, los bolivianos han firmado el nacimiento jurídico del Nuevo Estado, Bolivia finalmente se descoloniza y deja de ser víctima de cinco siglos de opresión. Eso es lo que está pasando.
Termina el latifundio
Si algo está terminando en Bolivia, es el latifundio. Esto es lo que más le duele a las castas privilegiadas. El referendo del 25 de enero, decidió mayoritariamente que nadie debe poseer más de 5.000 hectáreas.
Esta es la verdadera razón para el surgimiento de oposiciones, pedidos de concertación y reconocimientos a los sectores votantes por el NO. ¿Algo está terminando?, claro que sí, está terminando la era de los crueles hacendados con pongos y esclavos. Está terminando el latifundio improductivo, inexistente ya en otras latitudes del mundo.
Quienes asaltaron miles de hectáreas al amparo de gobiernos de la democra-dura, están alarmados, porque la justicia social les pisa los talones. El nuevo Estado, beneficiará a las mayorías, sin duda. Los minoritarios, quedaron huérfanos con la salida de su principal mentor, el exembajador Philip Goldberg. Y ahora lo están más, con el cambio de los republicanos por los demócratas en Estados Unidos.
Millones de campesinos e indígenas, sin tierra, podrán recuperarlas para producir alimentos con el respaldo de créditos provenientes del Banco Sur, ALBA, CAF y el ahorro interno. La justicia social, será posible si la nueva carta magna, es aplicada para privilegiar a los más pobres que estuvieron vendiendo únicamente su fuerza de trabajo.
Los que unen y los subversivos
El nuevo pacto social está aprobado, pero el camino no se presenta fácil, los opositores minoritarios, pero con mucho poder económico, seguirán en su empeño por descarrilar la proyección de nueva sociedad visualizada por la mayoría de los bolivianos.
Estos sectores, son muy capaces de volver a las calumnias y la violencia para buscar la fragmentación del país entre oriente y occidente, en aplicación de sus dudosas dos visiones. Estos sectores están reclamando, «confederación» de las dos Bolivia, en otras palabras siguen empeñados en el separatismo, siguen en la subversión.
Los que unen, tendrán que enfrentar a los subversivos que no aceptan ninguna legalidad. La Bolivia que predica unidad, tendrá que hacer ver a los otros su cansancio por la violencia y que es hora de hacer cumplir la ley.
Subversivos como el «cadáver político», Jaime Paz Zamora, tienen que ser aislados rápidamente. Paz Zamora, que rara vez abandona su afición al alcoholismo, reapareció proponiendo el separatismo de Tarija con la estructuración de un gobierno departamental, blindado ante la nueva Constitución.
«Muertos políticos» como éste, están aterrorizados ante la nueva Constitución, pero sobre todo ante la pronta aprobación de la ley que permitirá investigar las fortunas mal habidas. Para «blindarse» ante esta posibilidad, no dudarán en llegar al separatismo como la propuesta que acaba de lanzar. No son pocos los de esta casta.
Pese a todo, la «Nueva Bolivia», está vigente, sólo falta ponerla en marcha acelerada con la aprobación de nuevas leyes. A todos nos toca empujar el carro, porque finalmente es nuestro.
Fortunato Esquivel es periodista
Una de las primeras normas de convivencia que se aprende en el jardín de niños es que «la mayoría manda»; un principio democrático indiscutible reconocido en casi todas las naciones del mundo es la elección de gobiernos y políticas de Estado por «mayoría absoluta» de votos (50 por ciento más uno).
En Bolivia, la oposición minoritaria derrotada tres veces consecutivas en las urnas intentó derrocar con violencia al gobierno mejor votado de la historia reciente, y ahora interpreta que están «empatados» el 60% de ciudadanos que dijo Sí la Constitución de Evo Morales y el 40% que la rechazó.
El MAS propinó sendas palizas a la oposición derechista en las elecciones nacionales de 2005 (53%); en la elección de asambleístas de 2006 (51%) y en el referéndum revocatorio de 2007 (67%). Los opositores respiran aliviados porque su cuarta derrota en el referéndum constitucional del 25 de enero de 2009 no fue tan bochornosa.
Según conteos preliminares de la Corte Nacional Electoral (CNE), la nueva Constitución Política del Estado (CPE) fue rechazada por el 40% de los votantes y habría perdido en cinco de las nueve capitales de departamento del país. Sin embargo, el 60% del electorado a nivel nacional aprobó la Constitución.
Lo lógico sería que las minorías derrotadas acepten la decisión de la mayoría de la población, pero en Bolivia los opositores no siempre respetan la lógica. El presidente del Senado Oscar Ortiz y el dirigente cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic opinan que «no hay ganadores ni perdedores» sino un «empate técnico».
Según la derecha boliviana, el referéndum constitucional demostró que «la mitad del país» le dijo No a la Constitución, lo que obligaría a Evo Morales a «aprender a reconocer las distintas visiones que se tienen en el país».
A partir de esa lectura, la oposición afirma que ha llegado al momento de «pactar» con el gobierno, es decir «concertar» leyes interpretativas para cada uno de los artículos de la Constitución que necesitan normas aclaratorias.
El senador Tito Hoz de Vila (Podemos) anticipa que en toda esta etapa de «concertación», su partido hará respetar los derechos de la «minoría, que no es tan minoría». «Si quieren atropellar, ahí estaremos, el Senado tiene que ser un factor del equilibrio y obligará al gobierno a gobernar para todos para evitar un totalitarismo…».
La oposición fracasada como clase política fue sepultada por la votación ciudadana y ahora habla de un nuevo pacto para revisar una Constitución que ya fue aprobada; «ese es un insulto a la dignidad del pueblo soberano, a la democracia y a la inteligencia», protestó el diputado Alejandro Colanzi (UN).
Según Colanzi, la discusión política que se avizora será más de forma que de fondo porque el soberano ya se definió contra la clase política que bloqueo toda posibilidad de diálogo y cambios en más de 20 años de democracia.
Reapareció el ex presidente Jaime Paz para hacer entender a Morales que «40 por ciento de la población no está de acuerdo con su proyecto de Constitución, por ende, tiene que respetar esa voluntad». El ex mandatario propuso estructurar un gobierno departamental que represente a todos los tarijeños y los «blinde ante cualquier imposición».
El senador Ricardo Díaz (MAS) afirma que los partidos tradicionales no tienen moral para exigir porcentajes especiales para la aplicación de la nueva CPE porque cuando administraron el modelo neoliberal nunca obtuvieron más de 34% de votos a nivel nacional.
ADN ganó las elecciones de 1985 con 493.735 votos (32.83 %), pero el MNR llegó al gobierno con 456.704 votos (30.37 %). En las elecciones de 1989 el más votado fue el MNR (363.113, 25.64 %); en las elecciones de 1993 ganó el MNR con 585.937 votos (33.8 %) pero gobernó el tercero MIR. ADN ganó las elecciones de 1997 con 484.705 votos (22.26 %) y el MNR venció en 2002 con 624.126 votos (22.46%). En las elecciones generales de 2005, el MAS ganó con la mayor votación de la historia (1.544.374 votos, el 53.74 %).
El Presidente Evo Morales descartó cualquier negociación con la oposición para modificar el contenido de la nueva CPE, mucho menos en materia agraria, y desestimó una reunión con el cívico Marinkovic, involucrado en acciones antidemocráticas y sediciosas entre agosto y septiembre de 2008. El gobierno dejó en claro que el nuevo texto constitucional es innegociable porque fue aprobado por la mayoría de la población.
Más sobre la CPE de los pobres por la que debemos votar Sí
Remberto Cárdenas Morales
El 25 de este mes con los postergados de siglos debemos votar sí por la nueva Constitución Política del Estado (CPE), lo que será una manifestación de la lucha por los cambios en Bolivia: entre pobres y ricos, es decir, ahora se ve con cada vez con mayor claridad que la lucha de clases y la lucha de los pueblos indígenas son la fuerza motriz fundamental de las alteraciones positivas de estos tres últimos años, esto quiere decir que esas fuerzas son las parteras de la historia boliviana.
Para aportar a un esclarecimiento necesario es imprescindible, en consecuencia, responder aunque sea brevemente a las mentiras más difundidas por voceros de los ricos, entre los que se encuentran algunos y algunas extraviad@s procedentes de la izquierda:
—El proyecto de CPE del MAS no es el resultado de un pacto social, es una de las tantas afirmaciones. Acéptesenos que simplifiquemos ésta y las otras respuestas (por el espacio y porque además seguirá el debate). Un pacto social es una modalidad de la paz social (el imposible final de la lucha de clases porque mientras éstas existan habrá lucha entre ellas, más allá de la voluntad de sus actores). Según varios ejemplos, aportados por la humanidad, el pacto social se articula después de una guerra. En octubre del año pasado, en el Parlamento, en cierto modo hubo cierta aproximación a un pacto social, con el nombre de acuerdo político el que dio lugar al último texto del proyecto de CPE. Tengamos siempre presente, empero, casi todos que los que aprobaron esa última redacción llaman a votar no, a rechazar aquélla nueva CPE, de la que algunos pretendieron apropiarse desde la derecha.
Más aún: si de pacto se trata (entendido como acuerdo) ahora se expresa en normas que esperamos aprobar el domingo 25, las que sobre todo sintetizan los intereses de la mayoría del pueblo, aunque es cierto que en ese borrador se registran concesiones a los empresarios.
—Gane el sí o el no, el próximo domingo, los bolivianos nos dividiremos más y puede haber nuevos enfrentamientos entre nosotros, es otra previsión. La unidad y la diferencia en una sociedad como la boliviana es de vieja data y está determinada por factores materiales, en primer lugar, así como influyen las ideas que también unen y separan. Pero que ciertos intelectuales culpen al proceso actual, al gobierno y a Evo Morales de que se acentúe la separación de nuestra sociedad en clases sociales y que haya lucha entre éstas resulta propia de gentes que sobreponen sus prejuicios, sus duendes internos, y que a los gobernantes actuales les conceden poderes sobrenaturales como para provocar el surgimiento de las clases sociales y la lucha entre éstas y, además, la lucha de los pueblos indígenas por añejas demandas desatendidas durante décadas.
—Muchas de las instituciones de la probable nueva CPE son locuras, es la tercera de las mentiras escogidas para esta nota. En este caso recurren a las simplificaciones (y no porque quieran popularizar aquel texto), sino con el propósito de ganar votos por el no. Algunas lindezas de esos voceros las reproducimos: esa CPE concede más derechos y privilegios a los pueblos indígenas, con lo que se establece ciudadanos bolivianos de segunda categoría; se liquidarán las empresas privadas porque éstas estarán obligadas a mantener a sus dependientes sin tomar en cuenta las crisis económicas que pueden determinar la baja de la producción y la necesidad de despedir trabajadores; aquel documento establece dos formas de ciudadanía: una indígena o de origen indígena y otra sin privilegios (los ciudadanos de segunda); si se aplica la nueva CPE afectará a la economía (de los privados sobre todo); la autonomía departamental ha sido retomada por los gobernantes por urgencias electorales, pero no creen en ella; los que caigan en manos de la justicia comunitaria serán sometidas a crueldades como las ocurridas en Achacachi (Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente); con ese documento habrá más de 30 tipos de justicia; aquellas normas fueron redactadas por españoles, con deficiencias formales y que están llenas de contradicciones; la nueva CPE es un recalentado, un k’onichi que retoma, por ejemplo, la estatización de la economía, política que fue derrotada en el mundo y en Bolivia; al MAS sólo se interesa una CPE que asegure la reelección indefinida de Evo Morales y para prolongar sin límites el dominio del MAS…
Cada una de aquellas mentiras o interpretaciones desde la derecha, especialmente, merecen una respuesta puntual que excede los alcances de esta nota semanal. Sin embargo, vale la pena decir, globalmente, que hace falta una lectura analítica de aquel proyecto constitucional y confrontarlo con la realidad y, también, leer la realidad y compararla con aquel texto. Y la conclusión preliminar de este punto es que, más allá de sus insuficiencias, la nueva CPE podrá ser una Ley Fundamental que es portadora de los intereses de la mayoría del pueblo boliviano.
—Si gana el sí habrá resistencia a la aplicación de la nueva CPE y, si gana el no, ésta podrá ser reformada porque no es tan mala, he ahí una confesión de la que debemos tomar nota. Incluso los obispos católicos admiten que la correlación de fuerzas sociales y políticas permitió contar con el texto constitucional en debate. Algunos prefieren callar este elemento esencial que muestra a los jefes del catolicismo como acertados en esa apreciación (aunque ellos hablan de esa correlación para sugerir que el borrador de nueva CPE no es obra de todos los bolivianos). Por ello, imaginar que la nueva CPE debe ayudarnos a vivir en paz social, sin lucha de clases y sin lucha de los pueblos indígenas, para decir lo menos, es una ingenuidad. Aquel documento será aplicado como resultado de aquella lucha: política, ideológica y económica. Cuál bloque vence en esta disputa, que toma perfiles ásperos, es lo que va a ocurrir después y, también, el 25 de este mes. La aprobación y vigencia de la nueva CPE constituirá una reforma sustancial de la superestructura jurídica y política, otra vez hay que decir, será una reforma que influirá para modificar la economía, la sociedad, la cultura; la formación social boliviana. Esto es lo que de veras preocupa a esos intelectuales que ahora hablan por la derecha, algunos de los cuales un tiempo asumieron un discurso de izquierda, incluso marxista, aunque desaliñado. Ahora están de vuelta quizá al punto de partida. Ante ellos hagamos lo aconsejado por Dante, el primer exiliado político por sus ideas avanzadas: mirémoslos con indiferencia y pasemos. Asimismo, recordemos, con Róger Becerra Casanovas, canta-autor beniano: a los que de la izquierda transitan hacia la derecha, ésta desconfía de ellos y los de la izquierda (el pueblo) los despreciamos.
—La nueva CPE es una carta de intenciones que no se aplicará, éste es otro deseo declarado. Esa es la esperanza de militantes de la derecha y de presuntos izquierdistas que, ahora unidos, convocan a votar no el próximo domingo. Pero la lectura correcta de aquella afirmación debe ser la que nos convenza de que la nueva CPE, indudablemente de transición y a la vez un valioso instrumento político, sólo se aplicará con lucha de clases y con lucha de los pueblos indígenas mediante; en otras palabras, aquella Ley Fundamental será un medio para defender, consolidar y profundizar los cambios que son impulsados por el pueblo, por campesinos e indígenas, en especial, los que marchan en la primera línea por Bolivia de la esperanza. Esta es otra verdad que irrita a la derecha y a sus áulicos: que el pueblo ejerza la política, con errores que nos preocupan, sobre todo cuando se los enmienda con demora o cuando no se los corrige. Hay que agregar que varios de los derechos allí escritos (en el proyecto de CPE) tendrán alcance programático, esto es, correrán un proceso para su materialización plena. No obstante, el avance de los cambios en Bolivia conducirá a la efectivización de esos derechos.
Las falsedades son muchas más y en los pocos días previos al Referéndum y después de éste tenemos la obligación ineludible de ponerlas en evidencia y derrotarlas, avisados de que el esclarecimiento es difícil, pero seguros de que el pueblo es capaz de volverse «sabio» para aplastar a los que hablan de «frenar» al gobierno y al proceso, para lo que llaman a votar no.
De nuestra parte sostenemos que un elemento, también decisivo de la transición boliviana, es conseguir todos los cambios posibles en la legalidad y la institucionalidad contemporáneas porque sería un error, que facilitaría la caída del actual proceso y del gobierno, si acaso se mantiene inalterado el régimen democrático que es todavía limitado, es decir, aún la democracia actual no es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero, con la nueva CPE será posible transitar hacia una democracia de veras avanzada, de la forma y del contenido señalados y por la que el pueblo lucha hace mucho tiempo.
Por todo ello, el pueblo no tienen dónde perderse: debe votar por sí mismo, es decir, por la CPE de los pobres, para aumentar la diferencia en favor del sí, para que la resistencia de la derecha a la aplicación de la nueva Ley Fundamental sea cada vez más débil.
Tenemos que votar, asimismo, para que la máxima extensión de la propiedad agraria sea de 5.000 hectáreas, para que sea una realidad preferente la consigna: que posean tierra los que la trabajen personalmente y no los que la hacen trabajar.